La jueza que instruye el caso de un presunto fraude en las ayudas de la Junta a prejubilaciones y empresas en crisis, ha comunicado al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que será llamado como imputado en los próximos días. El exconsejero confirmó ayer que ha recibido, a través de un burofax, esa notificación que le pide que designe procurador y abogado porque de las diligencias practicadas -sostiene el escrito- se deduce "su presunta implicación" en los hechos investigados. Fernández, consejero desde 2004 a 2010, declaró sentirse "muy tranquilo" por su gestión y defendió que no supo ni autorizó ninguna de las irregularidades que han aflorado. Tendrá que responder por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ya declaró como testigo el 21 de enero.
La declaración del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, que apuntó a sus superiores como quienes autorizaban y le daban instrucciones sobre los pagos, podría ser clave. El socialista, que hoy es presidente del Consejo Reguladores del Vino de Jerez y que renunció a su escaño como diputado autonómico el pasado noviembre, defendió su imputación como una "garantía procesal" y aseguró que es lo mejor para poder defenderse de las acusaciones. Fernández aparece además como prejubilado en uno de los expedientes firmados por su Consejería, como trabajador en excedencia de González Byass. Póliza que no ha cobrado.
Con este paso, el caso de las prejubilaciones falsas que lleva semanas acorralando a la Junta y al PSOE sube un escalón y apunta directamente al Consejo de Gobierno. En círculos del Ejecutivo y de la dirección socialista se daba ayer prácticamente por seguro que el otro exconsejero de Empleo afectado, José Antonio Viera, también será imputado. El actual secretario provincial del PSOE de Sevilla es senador y diputado, por lo que en su condición de aforado sería el Supremo el que debería ocuparse. También se teme que citen como testigo a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que ha asumido la responsabilidad de los informes de la Intervención General que advirtieron tres años consecutivos de discrepancias con el procedimiento para dar las ayudas.
El PSOE-A no tomará, de momento, medidas disciplinarias contra Fernández como ha hecho con otros imputados. El Gobierno también salió en defensa del exconsejero aunque con énfasis muy distintos. El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, aseguró que Fernández es "amigo", lo conoce "bien" y está "absolutamente convencido de su inocencia". El consejero de Economía, Antonio Ávila, más frío, aseguró que "habría que analizar el escenario". Queda claro que Fernández, como Pizarro, es un hombre de la anterior dirección socialista.
Tras detectarse presuntas irregularidades en el ERE de Mercasevilla, la jueza instructora, Mercedes Alaya, abrió una causa general que abarca desde 2001 a 2010 y que ha puesto bajo lupa un fondo de 647 millones de euros. El exdirector general de Trabajo, imputado, declaró que era un "fondo de reptiles", después se retractó. La Junta, que abrió una investigación interna en paralelo a la judicial, ha demostrado que esos fondos están en los Presupuestos pero salieron del circuito oficial y mediante un convenio, firmado en 2001 por Viera con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), se encomendó su gestión a esa empresa pública. La Junta ha detectado 146 irregularidades en esas prejubilaciones y 59 intrusos. "Un 1% del total", defienden. Nueve eran socialistas del entorno de Guerrero o del exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, señaló que la imputación de Fernández "incide en la situación de Griñán, cada vez más cercado" y pidió la "depuración de responsabilidad políticas".El PP se querellará contra el sindicalista Juan Lanzas, los exdirectores de Empleo Guerrero y Juan Márquez y el exdelegado Rivas. Pidieron la comparecencia en la Cámara de los interventores de los últimos diez años.
