EDUARDO ABAD / EFE
La cúpula de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), entre ellos su presidente, Santiago Herrero, va a tener que dar explicaciones en el juzgado por una presunta estafa en la construcción inacabada de 583 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en el Polígono Aeropuerto, en Sevilla Este. La jueza titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha decidido imputar por esta causa no sólo a Herrero, que lleva una década ostentando el cargo al frente de la patronal andaluza, sino también al que ha sido su mano derecha, Antonio Carrillo, y al exvicepresidente de la CEA Juan Salas Tornero.
La Fiscalía había abierto diligencias para investigar supuestas irregularidades en una promoción de viviendas públicas por parte de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada de manera directa a la patronal regional. Lo que se investiga es el presunto desvío de 14 millones de euros, ya que los adjudicatarios dieron una media de 20.000 euros de señal, una cantidad que no se les ha devuelto. En el caso que nos ocupa, la imputación responde a una denuncia presentada por distintos proveedores que reclaman que se les pague las cantidades adeudadas por sus trabajos en estas obras inacabadas, y que superan los 600.000 euros.
A fin de completar el esclarecimiento del presunto delito de estafa que se denuncia por los perjudicados, la providencia dictada por la jueza titular de Instrucción 3 de Sevilla ha citado a declarar a los representantes de todas las empresas denunciantes para el 3 de marzo. Estas son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promocion Isbylia.
En calidad de imputados, la jueza Patricia Fernández ha citado a declarar el día 5 de marzo al presidente de la CEA, Santiago Herrero, y al secretario general de la patronal andaluza, Antonio Carrillo, ambos como patronos de la fundación promotora de las VPO. Otro de los patronos de la fundación y exvicepresidente de la CEA, Juan Salas Tornero, está citado como imputado, junto a Francisco Ramas, el 13 de marzo.
A ellos se suman los responsables de la empresa encargada de la construcción de las VPO Dolmen Consulting Juan Manuel Sanz Martín y Antonio González Lara, que declararán el día 6 de ese mes, y otros empresarios relacionados con esta promoción, Alejandro Cotta y Antonio Ibáñez, que están citados el día 12 de marzo.
En la denuncia de los proveedores, estos aseguran que los denunciados actuaron de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de VPO, y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicadas una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen.
Por otra parte, la providencia reitera el requerimiento a la Consejería de Fomento y Vivienda, efectuado el 30 de septiembre, para que aporte el expediente por el que se concedió una ayuda de 1.749.000 euros para la construcción de las VPO e informe sobre la situación actual de la citada subvención. A ello añade que se aporte el convenio suscrito por la Fundación en octubre de 2011, cuyo objetivo era el fomento de la construcción de las viviendas de las que resultaron adjudicatarios.
Ni los contratistas que arrancamos la demanda ni los que se han ido sumando después queríamos llegar hasta aquí. Sólo queríamos que nos pagaran. Así lo expresó ayer Pedro Antonio Enrique, el dueño de una de subcontrata de albañilería que tuvo que cerrar porque la CEA no le pagó por sus trabajos en las obras de las Viviendas de Protección Oficial inacabadas en el Polígono Aeropuerto.
A mí me da igual a quién hayan imputado. Yo lo único que sé es que no tengo dinero para darle a mi mujer cuando me pide para comprar y que he tenido que cerrar mi empresa por lo que me adeudan de ese trabajo, 150.000 euros, insistió este pequeño empresario, al tiempo que añadió que le da pena que sea precisamente la institución que los representa la que los ha dejado tirados a él y a otros compañeros que se han visto también obligados a cerrar.
En este sentido, reconoció que sus esperanzas están puestas en que se haga efectivo el cambio en la cúpula de la patronal andaluza y que la que se incorpore tenga credibilidad para que así le rehipotequen su sede y puedan cobrar tanto sus trabajadores como nosotros. Así, recordó que este conflicto viene de 2010. Estamos ya cansados y lo que queremos es cobrar porque al final a quienes se criminaliza es a nosotros, sentenció.
Además, fuentes de las empresas suministradoras aseguraron sentir rabia y pena por la situación generada. Por su parte, la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa mostró ayer su máxima voluntad de colaboración con la Justicia en cuanto a la denuncia presentada por las empresas subcontratistas, tras lo que se mostró abierta al diálogo con todas las partes para buscar una solución. Así, reiteró que es la primera interesada en la solución final del proyecto constructivo, que objetivamente está casi ultimado, pues las obras pendientes son muy menores.
En lo que se refiere a la esfera política, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, mostró su respeto a la actuación judicial y abogó por esperar un poco en cuanto a posibles valoraciones al ser una cuestión muy reciente. Mientras tanto, el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, consideró bastante grave la imputación de Santiago Herrero y de otros directivos de la CEA, por lo que deseó que la justicia sea rápida y aclare cuanto antes la presunta estafa acometida en la construcción de las VPO de Sevilla Este..
