Si hace unas semanas llegaron noticias favorables a Lopera por la petición de la Fiscalía solicitando la prescripción de sus presuntos delitos societarios cometidos antes de 1998, ayer fue todo lo contrario, pues la jueza Mercedes Alaya desestimó íntegramente tal petición y desmenuzó ampliamente, en un auto de 19 folios, los motivos que le inducen a ello. En la Radio del Betis (la de Lopera más bien) hicieron hasta programas especiales cuando la petición de la Fiscalía y ayer no dedicaron ni una sola sílaba para hablar del último auto de la jueza, demoledor y contundente en sus argumentaciones.
Tras soprenderse la juez por los extraños cambios de criterio de la Fiscalía, reacia a que se investigue más allá de 2003, mantiene que Lopera ha realizado un presunto delito continuado porque urdió un plan desde 1992 para hacerse con el Betis de forma ilícita y enriquecerse a su costa. El informe pericial que tiene en su poder la jueza asegura que Farusa nunca pagó 206 millones de pesetas en acciones al propio Betis, tras la conversión del club en SAD, y que sin embargo usó los derechos políticos de esas mismas acciones para alcanzar la mayoría y firmar una serie de contratos, con Tegasa primero y con Encadesa después, que resultaron altamente beneficiosos para los intereses de Lopera y perjudiciales para los del Real Betis SAD, que dejó de percibir varios miles de millones de las antiguas pesetas por la intermediación de las empresas interpuestas por el entramado empresarial montado por Lopera.
La juez entiende que los hechos son de especial gravedad porque afectan a más del 10% del capital social del club y que por todo ello Lopera y sus cooperadores se exponen a penas de más de 10 años de prisión, que no prescriben hasta pasados 15 años. Ahora la Fiscalía puede recurrir a la Audiencia el auto, mientras que la juez sigue con la instrucción y su próximo paso podría ser llamar a declarar a Lopera e imputarlo. A tenor del auto, es lo que parece.
