La juez que investiga la supuesta venta "fraudulenta" de Mercasevilla a una filial de Sando ya tiene en sus manos la copiosa documentación que solicitó a la Gerencia de Urbanismo sobre el mercado central. Entre los numerosos informes, que ya han sido entregados a las partes, se encuentra una carta que el ex director general de Merca y principal imputado, Fernando Mellet, envió al entonces director del PGOU Manuel Ángel González Fustegueras sugiriéndole una modificación del mismo, que finalmente se llevaría a cabo.
El planteamiento que Mellet hace a la Oficina del Plan General no llamaría la atención si no fuera porque a las parcelas a las que se refiere son precisamente las que finalmente acabarían siendo cedidas a Sando, que así logró más puntuación en el concurso público para adquirir la totalidad de los suelos de Mercasevilla. Además, la carta del ex director se envió dos meses después, en diciembre de 2003, de que firmara un acuerdo para construir unas naves en las citadas parcelas que entonces eran propiedad de Larena 98.
Se da la circunstancia de que uno de los propietarios de Larena declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, que recibió diversos ofrecimientos por parte de Mellet y su adjunto Daniel Ponce, así como del entonces gerente de Urbanismo Manuel Marchena, para que abandonara estos suelos. Es más, la magistrada también tiene en su poder una factura supuestamente falsa referente a la colocación de unas vallas publicitarias, cuando en realidad se trataba de un estudio de viabilidad de una ITV que, según el gerente de Larena, le ofrecieron a cambio de dejar los terrenos.
En la carta de Mellet dirigida a Fustegueras, el ex director general de Mercasevilla le sugiere que "flexibilicen las posibilidades de construcción sin requerir modificación de los estudios de detalle". Según explica la carta, la construcción en estas parcelas "requiere la tramitación de estudio de detalle con el consiguiente retraso en la obtención de licencias".
Por ello, ante "un momento en que la vida útil del Mercado requiere de la máxima agilidad" solicita "ordenanzas específicas que flexibilicen" las condiciones de edificación. Mellet también añade que en las instalaciones del mercado son necesarios "nuevos edificios que requieren de una amortización acelerada y pueden ser inviables si el plazo de concesión de licencia y construcción resulta excesivo", aludiendo así a las naves que Larena iba a levantar en las parcelas pese a que ya estaba prevista la mudanza de las instalaciones a Majaravique.
La magistrada al recibir esta carta y el resto de documentación que había solicitado a Urbanismo ha ordenado la práctica de diversas pruebas que tienen por objeto, entre otras cosas, investigar "el abono de la factura por colocación de vallas publicitarias", así como el patrocinio de Larena del Club Patín Macarena, en la que supuestamente medió el entonces secretario del Distrito Macarena, ahora en prisión por las facturas falsas.
Además, la juez ha ordenado investigar una cuenta en la entidad Cajasol y ha citado a declarar como testigo al interventor del Ayuntamiento, José Miguel Braojos, el próximo 20 de octubre para que explique los expedientes que firmó sobre el concurso.
La magistrada, cuestionada. La implicación de la juez de Mercasevilla, Mercedes Alaya, en el caso es más que evidente. Lo que se desconocía hasta ahora es que ella pudiera tener algún tipo de vinculación que incluso llegase a cuestionarse una posible recusación. Aunque esto no se ha producido, ni parece que vaya a ser así, la defensa de uno de los imputados ha remitido un escrito a la magistrada en el que le hace saber que ha “oído” que su marido fue el auditor de las cuentas de Mercasevilla hasta que llegó Fernando Mellet a la entidad.
Según explica el abogado de Pilar Giraldo, el marido de Alaya era el gerente de la empresa auditora y máximo responsable de la supervisión financiera de Mercasevilla, durante siete años y hasta el ejercicio económico 2002 inclusive. En este tiempo, “presuntamente no se detectaron presuntas irregularidades en la gestión contable y financiera de la anterior dirección”, pero con la llegada de Mellet “se detectaron”, lo que hizo que éste propusiera y ordenase “al órgano competente el cese inmediato y cambio urgente de dichos auditores”.
El letrado plantea que la juez “podría tener conocimientos previos de las causas que instruye a través de su cónyuge e incluso haber recibido asesoramiento técnico extraprocesal”, lo que podría afectar a su imparcialidad”. Sin embargo, el abogado no plantea la recusación, pues le parece “desleal”, dejando a criterio de la juez las posibles repercusiones, como tampoco lo va a hacer la Fiscalía de Sevilla, que considera que no hay motivo suficiente. El resto de letrados tampoco se lo han planteado, ya que el marido de la juez fue auditor antes de los hechos investigados.
