Economía

La juez mantiene la fianza de dos millones para el dueño de Contsa

La titular del juzgado número 17 de Sevilla cree que hay riesgo de que José Salas Burzón se dé a la fuga y destaca la gravedad de los delitos

el 01 dic 2009 / 18:06 h.

La juez que investiga la presunta estafa piramidal de la inmobiliaria sevillana Contsa ha rechazado rebajar la fianza -fijada en dos millones de euros- para que el dueño de la empresa, José Salas Burzón, salga de la cárcel, basándose en el riesgo de fuga y la elevada pena que acarrean los delitos que se le imputan.

Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que la juez de instrucción 17 de Sevilla ha rechazado la petición de Salas Burzón de ver rebajada su fianza, después de más de un año encarcelado por una presunta estafa que ha afectado a 1.653 pequeños inversores.

La juez se basa en que se mantienen las razones para la prisión preventiva, entre otras las elevadas condenas que puedan corresponderle en el futuro y el riesgo de que eluda la acción de la justicia en caso de quedar libre.

Esta decisión se produce cuando la juez ha admitido la personación de una veintena de nuevos afectados, que se unen a las varias decenas que hasta ahora han acusado a Salas de presuntos delitos de estafa piramidal, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible en la gestión de su empresa.

Contsa, que tiene un déficit de 86,8 millones, según el informe de los administradores concursales, se encuentra en suspensión de pagos desde febrero de 2008 y en octubre de ese año su dueño ingresó en prisión.

Hasta ahora, la juez y la Audiencia habían mantenido que Salas continuase en prisión por la gravedad de los delitos que se le imputan, su "pluralidad delictiva", el riesgo de que se fugue y la "multiplicidad de afectados".

Por otra parte, la juez ha citado el próximo viernes a la esposa del empresario y también imputada para notificarle un requerimiento, además de tomar declaración a cinco testigos relacionados con Tender Financial, una de las empresas del Grupo Contsa.

Junto a la suspensión de pagos que tramita el Juzgado de lo Mercantil, en la vertiente penal están imputados el empresario y ocho personas de su entorno, entre ellos su propia esposa, empleados, un apoderado y personas que compraron bienes en las semanas previas a la suspensión de pagos

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