El PA acusaba a Wic de prevaricación y del desvío de nueve millones de euros procedentes de los convenios urbanísticos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los andalucistas presentaron una denuncia en noviembre de 2008 ante la Fiscalía de Sevilla, que puso el caso en manos del Juzgado Decano de la localidad.
Frente a esta acusación, la magistrada entiende por contra que el motivo de la denuncia se centra en la interpretación que hace el PA de los artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que se refieren al uso del dinero ingresado de los convenios del PGOU. A ese respecto, el auto reproduce parte del informe del tesorero municipal, que indica que según la ley esos ingresos tendrán que consignarse en una cuenta indisponible hasta la aprobación definitiva del plan, pero advierte que la LOUA "no especifica si la aprobación del instrumento de planeamiento ha de ser provisional o definitiva" y concluye que "permitiría que fuese con aprobación provisional" del PGOU.
El auto judicial reconoce que la actuación del alcalde "se ha ajustado en todo momento a los informes jurídicos de la Secretaría General y se ha aprobado en el pleno municipal". También considera "acreditado" que "todos los gastos realizados tras su aprobación en el pleno se formalizaron con la firma del tesorero y del interventor", por lo que "los hechos denunciados no concurren los elementos del tipo penal de prevaricación", concluye. Contra el fallo del juzgado de Écija cabe recurso de apelación.
Una vez conocido el archivo, Juan Wic expresó su "gran alegría" por "la prontitud con la que se ha resuelto el caso y la claridad con la que la jueza no aprecia que haya delito". Eso sí, no quiso entrar en una mayor valoración "jurídica y política" hasta analizar el auto judicial en profundidad.
Mandato. En su querella, el grupo andalucista extendía su acusación al pasado mandato (PSOE-IU) y apuntaba que casi seis millones del dinero ingresado de los convenios urbanísticos se gastaron en el pago de salarios, maquinaria y mobiliario. El resto del dinero se destinó a pagar sueldos y otros gastos, según la denuncia del PA, que hablaba de "presuntos delitos", y "graves irregularidades en la gestión urbanística y económica del gobierno local".
La denuncia que presentó el PA le sirvió también como argumento principal para sostener la moción de censura que planteó antes de verano y que no triunfó por la negativa del PP a suscribirla. El líder local del PA, Fernando Reina, acusó al PP de "apoyar a un alcalde que ha sido denunciado por la Fiscalía por presuntos casos de corrupción".
