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La jueza ordena que se ejecute el desalojo de la Corrala Utopía

Los vecinos recogen los enseres para llevarlos a un guardamuebles pero no abandonarán el edificio hasta el final. La Delegación del Gobierno no ha recibido ninguna orden aún.

el 26 feb 2014 / 18:25 h.

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El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha ordenado a las  fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que "den cumplimiento" al  auto previo a través del cual dicha instancia judicial resolvía el  desalojo forzoso de las viviendas de renta libre correspondientes a  los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales,  propiedad de 'Ibercaja' y ocupadas desde mayo de 2012 por un  colectivo de familias que carece de relación contractual alguna con  el inmueble. Bloque de San Lázaro ocupado. Bloque de San Lázaro ocupado. A través de un nuevo auto fechado este pasado martes y recogido  por Europa Press, la juez señala que en su citado auto previo, había  ordenado el "desalojo forzoso" de las viviendas avisando ya entonces  de que si en un plazo de 15 días no mediaba el "abandono" efectivo de  las mismas, se cursaría oficio a las fuerzas de seguridad del Estado  para dar cumplimiento a la orden. Dicho auto, recordémoslo, fue objeto de recurso de apelación ante  la Audiencia Provincial por parte de las familias, que además  solicitaban la suspensión de su ejecución hasta la resolución del  propio recurso. La Junta de Andalucía, de su lado, solicitaba  suspender el desalojo hasta que las administraciones públicas  "garanticen alternativas a las familias e incluso anunciaba, merced a  su propio escrito, una ampliación del plazo previo al desalojo  forzoso, todo ello al objeto de negociar un posible realojo de estas  personas. corrala-utopiaPero de cualquier forma, en este último auto, el Juzgado de  Instrucción número tres da cuenta de la oposición de la propiedad de  las viviendas al "aplazamiento interesado" por la Junta de Andalucía,  ordenando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "den  cumplimiento" al desalojo si las familias no hubiesen abandonado las  viviendas de forma voluntaria. Igualmente, traslada la decisión a las  áreas de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y la Junta "a fin de que  provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio  menores y otras personas en riesgo de exclusión social".

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