La investigación judicial se centra ahora en los ingresos y el patrimonio de todos los imputados en el proceso abierto por la venta del suelo de Mercasevilla a Sando. A mediados de diciembre la Policía Judicial remitió un escrito a la juez instructora solicitándole que se reclamasen a la Agencia Tributaria los datos existentes de Domingo Enrique Castaño -ex asesor del grupo socialista, ex consejero de Mercasevilla, y ex directivo de Sando- y de Antonio Pajares Ruiz- técnico de la Universidad que elaboró el informe en el que se basaron las puntuaciones del pliego-.
En su auto la juez instructora decide extender esta medida a todos los imputados en el caso, una medida que afecta a nueve personas -aunque en el caso de Fernando Mellet sus datos ya fueron solicitados por el proceso abierto por el supuesto cobro de comisiones-. Con esta decisión la juez pide las declaraciones de IRPF, las actividades financieras, las cuentas bancarias y todas las anotaciones desde 2003 del vicesecretario de Mercasevilla, Gonzalo Crespo; los técnicos José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante; de tres directivos de Sando; del ex concejal y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, de Pilar Giraldo y del citado Castaño. A esta decisión se suma la petición de los informes y estudios del profesor universitario Antonio Pajares Ruiz.
En este mismo auto, la juez abre oficialmente la investigación de las donaciones realizadas por la empresa Sando a la fundación Mercasevilla que se emplearon para sufragar los gastos del ERE. En total, 851.657 euros, sin incluir el IVA -que eleva esta cifra a 987.923 euros- a partir de julio de 2006 y que fueron ratificados por un acuerdo firmado el 1 de diciembre de 2008 -sólo dos meses antes de que Mellet tuviese que dejar la gerencia- en el que las dos partes reflejan que las aportacones realizadas están de acuerdo al contrato firmado en febrero de 2006, tras obtener la adjudicación del concurso. A esta cifra hay que añadir otros 229.497 euros relativos a un acuerdo firmado en diciembre de 2007, pero cuyas facturas son anteriores a esa fecha.
La línea abierta por la magistrada apunta también a la situación de las otras empresas que presentaron ofertas al concurso público. De hecho, pide todos los datos registrales de Realia Business y de Lanscape Espais Promocions, dos compañías que junto a Noga -cuyo directivo ya ha declarado como testigo- y la propia Sando concurrieron al concurso para obtener la adjudicación de los suelos de Mercasevilla por más de cien millones de euros.
Mañana lunes declarará otro directivo de Sando y para marzo están citados el jefe de la Unidad de Policía Judicial autor del informe y el representante legal de la empresa Larena 98.
El vicesecretario niega falsedad en las actas.
Una de las denuncias de falsedad documental realizadas por el PP afectó a las actas del consejo de administración de noviembre de 2005, en las que se incluía el borrador del concurso, que fueron remitidas a la oposición por el Ayuntamiento en 2009. Había algunas diferencias y una firma que nadie reconoció públicamente. El vicesecretario de Mercasevilla, Jorge Piñero -imputado en el caso- niega irregularidades: "Ignoro la razón de que exista otro documento (...) La dualidad puede deberse a la pretensión de la secretaria de facilitar con un borrador la tarea de redacción del acta definitiva (...) las mínimas discrepancias son irrelevantes (...) No puede haber ninguna intencionalidad inconfesable en la redacción y posterior envío al Ayuntamiento del segundo de los documentos".
Protestas de Castaño y Bustamante.
Al igual que ya hizo el letrado del PSOE, las defensas de Domingo Enrique Castaño y María Victoria Bustamante han pedido "luz y taquígrafos" en las declaraciones y han recurrido la decisión de la juez de no permitir la grabación de los interrogatorios. Además protestan por la dura respuesta de la juez: "Se han usado expresiones más propias de una parte acusadora y no de un juez".
