La juez rechaza dejar en libertad al 'testaferro' del caso ERE

Ana Rosa Curra ha rechazado la solicitud por la existencia de  riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

el 18 feb 2013 / 11:07 h.

La juez de Sevilla que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha rechazado la petición de  libertad planteada por Juan Francisco Algarín Lamela, en prisión  provisional desde el pasado día 15 de enero y uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones  aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE  financiados por la Junta de Andalucía.

Ana Rosa Curra ha rechazado la solicitud por la existencia de  riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y porque podría entrar en  contacto con otros imputados de la causa, según han informado a  Europa Press fuentes del caso.

De este modo, y una vez que la juez Ana Rosa Curra ha ratificado el auto de prisión dictado contra el presunto 'testaferro' de los  ERE, será la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla la  encargada de resolver, puesto que el recurso presentado por el  abogado de Algarín es subsidiario de apelación. 

La Fiscalía Anticorrupción ya se opuso a dejar en libertad a Juan  Francisco Algarín Lamela, cuyo letrado recurrió el auto de ingreso en  prisión alegando que su cliente "no es nadie en la trama", que no  existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y que ha  "colaborado" con la Justicia.

Anticorrupción pidió que el imputado, de 48 años, continuara en la  cárcel al entender que "persisten los motivos" por los que, el pasado  15 de enero, solicitó su ingreso en prisión provisional, comunicada y  sin fianza, lo que fue ordenado por la juez Ana Rosa Curra, quien le  imputa los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales  públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de  capitales.

Anticorrupción entiende que la puesta en libertad de este presunto  'testaferro' podría interferir en la investigación que actualmente  lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,  investigación de la que nada ha trascendido hasta el momento al  encontrarse esta parte del caso bajo secreto de sumario. 

LA INVESTIGACION DE LA UCO

Antes de decretarse el secreto sumarial de las actuaciones, la UCO  remitió al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos un oficio en el  que señalaba que Juan Francisco Algarín, que figuraba como  administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente  S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de  12 cheques por valor de 362.500 euros. 

Tras ser detenido, declaró ante los agentes de la UCO que "llevó  personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a  la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos  de la Delegación Provincial de Empleo".

Asimismo, puso de manifiesto que el dinero en Mercasevilla se lo  entregaban el exdirectivo de la lonja Daniel Ponce y la funcionaria  Regla Pereira, ambos procesados y enjuiciados por solicitar una  'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como  condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que  había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de  Empleo, aunque Pereira fue finalmente absuelta.

De igual modo, el imputado aseguró en su declaración ante los  agentes de la UCO que, en algunas ocasiones, en lugar de llevar  sobres "llevaba fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500  y 200 euros" en su interior, y que incluso en una ocasión se trasladó  hasta Madrid para entregarle dinero "en persona" a Antonio José  Albarracín, que fuera director general de la mediadora Vitalia. 

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