"Falta de rigor", "incompleta" y un "intento de apuntarse un tanto ante la opinión pública". Éstas son algunas de las valoraciones realizadas por la juez instructora del caso para rechazar la querella por delitos societarios presentada por Mercasevilla contra Mellet y Ponce.
En el último Pleno, el Gobierno local rechazó la propuesta del PP para formular una querella contra Fernando Mellet y Daniel Ponce por delitos societarios basada en la auditoría de Deloitte. Se aprobó, en cambio, continuar con las actuaciones que lleva a cabo la empresa asesorada por sus servicios jurídicos.
Ésta, pese a que el Gobierno no lo difundió, formalizó una querella por delitos societarios basada en una auditoría que revela gastos sin justificar como pagos con Visa, viajes a Vietnam o una beca entregada a una estudiante familiar del presidente de la asociación mayorista de pescados. La misma que pedían los populares, y que anunciaron para hace una semana sin que hasta ahora se haya formalizado.
La juez instructora rechaza con vehemencia la querella. Por sus formas y por su fondo, llegando a entrar incluso en un análisis político y mediático del objetivo de la misma: "La única razón a la que puede obedecer la querella en este preciso momento radica en el interés por apuntarse el tanto ante la opinión pública, ante los medios de comunicación frente al anuncio de otros partidos de interponer una querella por delitos societarios".
Y va incluso más allá, convirtiendo el auto en un análisis sobre la situación actual del proceso: "Los órganos judiciales no pueden ni deben estar al servicio de criterios de oportunidad política o partidista, ni pueden ni deben iniciar una macroinvestigación basada en conjeturas o sospechas convirtiendo el proceso en un juicio abierto en el que quepa todo".
Las contundentes declaraciones se basan en una supuesta "falta de rigor" de la querella basada en una auditoría incompleta, precisamente uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno local para no presentar la querella - a instancias, según dijo entonces el Gobierno local, de los servicios jurídicos- cuando lo reclamó el PP, cuyos únicos datos coinciden con los aportados por la empresa pública de mercados.
Pese a esto, la juez da en parte la razón tanto a Mercasevilla como a la oposición a la hora de plantear esta querella: "La existencia de los dos procedimientos abiertos es obvio que puede derivar en sospechas o dudas sobre la actuación de los denunciados al frente de Mercasevilla, las cuales son legítimas, pero no pueden erigirse en la única base para una querella".
