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Zoido espera que la justicia valore la salida de los ocupas, pero no quita la denuncia

La jueza suspende la declaración de las familias de Nuevo Amate

el 24 ene 2014 / 11:31 h.

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Los vecinos que ocuparon cinco pisos en Nuevo Amate presentan una instancia en Emvisesa para pedir una reunión con el gerente. / Pepo Herrera Los vecinos que ocuparon cinco pisos en Nuevo Amate presentan una instancia en Emvisesa para pedir una reunión con el gerente. / Pepo Herrera Las seis familias imputadas por la ocupación la semana pasada de unos pisos de Emvisesa en Nuevo Amate reprocharon ayer al Ayuntamiento que su denuncia, por la que la jueza los citó como imputados aunque sobre la marcha suspendió su declaración, ha sido “una estrategia” para que salieran de los pisos “y una vez fuera ni nos reciben, aunque hemos hecho lo que dijo el alcalde, ir a Emvisesa para buscar soluciones”. La jueza suspendió la declaración, sin aclarar si los volverá a citar próximamente o archivará las diligencias, después de que los abogados del Ayuntamiento presentaran un escrito en el que desistían de reclamar el desalojo de las familias dado que ésta abandonaron el edificio el miércoles. Sin embargo, el Consistorio no retiró la denuncia y el alcalde, Juan Ignacio Zoido, alegó que la ley “no puede ni debe vulnerarse” si bien confió en que será la “Justicia la que pondere y actúe en consecuencia teniendo en cuenta la actitud de estas personas” que salieron voluntariamente de los pisos ocupados. El abogado que se ha prestado a representarles, Luis Duarte, lamentó que el Ayuntamiento haya retirado la denuncia y confió en el archivo de las diligencias, al tiempo que criticó el “sitio” policial vivido durante los días de ocupación de los pisos –construidos por Emvisesa para realojar a los vecinos de la antigua barriada de Regiones Devastadas aunque menos de la mitad de los 220 existentes están ya adjudicados– y el trato “vejatorio” y no descartó presentar una denuncia por ello si la causa sigue adelante. El grupo de juristas 17 de marzo, que asesora al 15M, ya ha presentado una. Los ocupantes insisten en que están inscritos en el registro de demandantes de Emvisesa –algunos llevaban los documentos de inscripción y cartas recibidas de la empresa municipal– o han acudido a los servicios sociales para pedir ayuda, ya que la mayoría (cinco mujeres y un hombre) está en paro, sin ingresos y con hijos a su cargo. Sin embargo, Zoido aseguró ayer que “no constan” en el registro de demandantes y dos de los ocupantes “nunca realizaron solicitud alguna mientras que dos en junio y otra en octubre” remitieron una carta y se les instó a formalizar la petición. “Con todos hay que seguir los trámites que marca la ley andaluza, que son lentos”, alegó, si bien aseguró que mientras, los servicios sociales están trabajando “por si necesitan recibir una vivienda en función de las viviendas sociales que tenga disponible el Ayuntamiento” (según los últimos datos hay una veintena y 700 personas en lista de espera pero Emvisesa tiene también 400 VPO vacías). Las familias ocupantes, sin embargo, aseguran que han ido dos veces a Emvisesa y nadie les ha recibido y sienten que al Ayuntamiento solo le interesaba “que saliéramos pero una vez fuera, nadie nos ayuda”. Defienden que entraron sin violencia porque “en el barrio se corrió el rumor de que los pisos estaban abiertos y de hecho hemos puesto nosotros los bombines de las cerraduras”. Por contra, sí denuncian el “miedo” sufrido por el cerco policial al edificio durante la ocupación, incluso el “forcejeo” de algunos agentes con familiares y algunos de ellos, como María de los Ángeles, que llevó ayer al juzgado un parte médico por lesiones presuntamente provocadas por los empujones de un policía. María de los Ángeles, con tres hijos, al igual que Irene, de 19 años y con una niña de 11 meses, han vuelto ahora a casa de sus padres donde “no cabemos” ya que en su día fueron desahuciadas por impago de hipotecas o alquileres al quedarse en paro. Sonia, de 30 años y con 5 hijos (dos de ellos discapacitados) está, sin embargo, en un hostal porque su madre, María del Carmen, que ayer la acompañó al juzgado, no puede acogerla por “una situación de riesgo”. Se enteró de todo cuando ya había ocupado el piso y sintió “miedo” pero lamenta que “es injusto, hay pisos vacíos y nadie la ayuda” Ambas temen por la custodia de los pequeños y Sonia alega que “quitármelos no es la solución, mis hijos no están en desamparo, necesitan un techo, que me ayuden, yo no me niego a pagar un alquiler pero algo yo pueda”.

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