La juez del caso Mercasevilla considera a Domingo Enrique Castaño una pieza clave de su investigación. La magistrada, que califica como “esencial” que fuera persona de confianza del alcalde y miembro de la ejecutiva del PSOE, atribuye al ex director de Vía Pública el inicio de los contactos con Sando y el control de María Victoria Bustamante –una técnica que participó en la elaboración del pliego de condiciones– tanto a la hora de establecer las cláusulas como al valorar las ofertas. Con esta interpretación, incluida en un duro auto, la juez desestima el recurso presentado por la defensa de Castaño e incluso da un paso más al ordenar a la Policía Judicial que recabe de la Agencia Tributaria todos los datos patrimoniales desde 2003 de Castaño, y de Antonio Pajares, el economista de la Universidad de Sevilla que realizó un informe –cuyos datos técnicos reclama ahora la juez en un auto– en el que se basó Mercasevilla para fijar el sistema de puntuación del concurso para la venta del suelo. Además, y a instancias de la defensa de Sando, la juez pide todos los datos registrales de la vivienda de Castaño, tras insinuar en una pregunta a los directivos de esta empresa que el inmueble fue un regalo de la promotora malagueña.
En este auto, la juez entra en otro, el enésimo –su postura ha generado un enorme malestar entre los letrados que ya han cargado públicamente contra ella en varias ocasiones–, enfrentamiento con uno de los letrados implicados en el caso. En este caso, el abogado de Domingo Enrique Castaño cuyos argumentos tilda de “irrespetuosos” y al que critica por completar con sus explicaciones la declaración del ex director de Vía Pública, interrumpida por su defensa en señal de protesta por el tono del interrogatorio. En el recurso contra la imputación de Castaño, su letrado alude a que se ha permitido “un juicio paralelo”, advierte de las consecuencias de la imputación para su cliente, tilda los argumentos de la magistrada de “inconsistentes y fantasiosos” y censura el tono de varias preguntas por “incluir afirmaciones”. Él mismo responde en nombre de Castaño a estas interrogaciones y en sus contestaciones niega que haya irregularidades, que Bustamante actuase bajo sus ordenes o que tuviese al alcalde informado de todo y realiza su propio relato de la vinculación entre Castaño y Sando: se inició cuando trabajaba en Vía Pública y posteriormente en una feria de vivienda en Fibes en la que conoció el proyecto de Santa Bárbara. Posteriormente, tras salir del Ayuntamiento pidió trabajo allí y se le concedió hasta que fue destituido en septiembre de 2009.
En ese mismo interrogatorio, el abogado del PP realiza una pregunta que contiene una afirmación desmentida por el propio Castaño: “¿Participó en una cena en el Hotel Ritz con el alcalde, Fernando Mellet, Mercasa y representantes de Sando donde pactaron de antemano el resultado del concurso y le indicaron a esta empresa qué condiciones debería revestir su oferta?”. El interrogado lo niega, pero el abogado de María Victoria Bustamante pide formalmente que el propio letrado popular declare como testigo para explicar el origen de esta información. La propuesta es rechazada: “El letrado ni es testigo ni imputado, sin perjuicio de que él mismo quiera aportar voluntariamente sus fuentes de conocimiento”.
Sí accede la magistrada a abrir una de las líneas de investigación solicitadas por el PP: la juez ha pedido todos los datos de los 851.657 euros abonados por Sando que son empleados posteriormente para pagar el Expediente de Regulación de Empleo.
Citados el jefe de la Policía Judicial y Larena 98
La magistrada ha citado a otras dos personas más por el caso Mercasevilla. Por un lado, al jefe de la Policía Judicial autor del informe que descartó responsabilidades de los cargos políticos pero ratificó las imputaciones ya realizadas. Por otro, a los representantes de Larena 98, la empresa a la que Mercasevilla rescindió un contrato en favor de Sando, que luego le otorgó una cierta ventaja en el concurso por la venta del suelo. Las dos declaraciones responden a criterios muy distintos.
En el caso del jefe de la Policía Judicial, es el letrado de María Victoria Bustamante quien lo solicita, y lo hace tras verter duras críticas contra un estudio que tilda de “extralimitado, anómalo, con afirmaciones sin acreditar y con irregularidades procesales”. Especialmente crítico es el abogado con el “economista desinteresado” autor del informe encargado por la Policía que pone en cuestión las puntuaciones aplicadas en el concurso público. Pide que se aporten datos sobre esta persona e incluso que declare como testigo, una petición ésta que no encuentra respuesta por parte de la magistrada que alude a que se ha solicitado un tercer informe independiente. La segunda citación responde a una línea marcada por la juez durante sus últimos interrogatorios y presente en el informe policial que remonta la operación de Sando a la rescisión del contrato a Larena 98 –una operación que fue denunciada por vía civil y archivada por la Justicia–. De ahí la decisión de citar al representante legal de esta empresa Francisco Javier de Frías como testigo.
La magistrada además que ha insinuado un acuerdo entre varias empresas, además de Sando, pide todos los datos registrales y las ofertas técnicas presentadas al concurso por parte de Realia Business y de Lanscape Espais Promocions.
