La instrucción del caso Mercasevilla ha conducido a la juez Mercedes Alaya a abrir una nueva línea de investigación que ha rebasado ya los límites de la empresa de mercados de Sevilla. Tras un exhaustivo informe de la Policía Judicial, la magistrada ha detectado indicios de una "trama que tendría por objeto el uso fraudulento de expedientes de regulación de empleo cuyas primas eran sufragadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía". Una decena de personas han declarado ya ante la Policía Judicial, cuatro de ellas en calidad de detenidos, en el marco de un proceso que analiza unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La envergadura de la documentación aportada por la Policía ha llevado a la magistrada a abrir dos nuevas vías de investigación -que se suman a las tres ya iniciadas-. Por un lado, las posibles irregularidades en los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla de 2003 y 2007. Por otro, presuntas ilegalidades detectadas en otros expedientes similares de empresas que han recibido ayudas de la Consejería de Empleo. Dos están ya señaladas: la sevillana Rio Grande y la empresa textil Hitemasa, creada en Málaga con apoyo público tras el cierre de Intelhorce.
En las tres empresas citadas, y en otras que se siguen investigando, se producía un fórmula similar: una empresa iniciaba un expediente de regulación de empleo y contrataba a unos intermediarios que se encargaban de negociar con el comité de empresa y con la Junta de Andalucía. La Consejería aportaba ayudas al plan, con el fondo de dinero para empresas en crisis que Guerrero Benítez denominó como "fondo de reptiles", y se sucribía una póliza con una entidad vinculada a Vitalia, empresa que se dedicaba a "captar y convencer" a otras entidades para que abrieran un ERE. A partir de ahí, según la investigación policial, se incluían "hombres de paja" en las pólizas. Esto es, personas que no tenían relación laboral con la empresa que abría el expediente y cuyas cuentas eran usadas supuestamente para desviar fondos que se ingresaban terceros individuos. Todo, según la Policía, con "la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía".
Las investigaciones arrancan en la tramitación de los ERE de Mercasevilla. La Policía descubre que en 2007 Vitalia incluye en las pólizas un nombre ajeno a la empresa y que nadie admite conocer: Antonio Garrido Santoyo. Según las declaraciones del director comercial de Vitalia, Antonio José Albarraicín, del consultor de Vitalia, Jesús Bordallo, y del consultor de esta misma firma hasta noviembre de 2010, Francisco González, la inclusión de esta persona se hizo a instancias del director gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y tras consultarlo con el entonces director general de Empleo, Javier Guerrero Benítez. "Mellet indicó que tenían que formalizar una póliza a favor de Garrido, porque se trataba de un compromiso ineludible", declaró González.
Con esta base, se investiga la figura de González, trabajador de Vitalia encargado de "buscar clientes". Éste contacta con Mercasevilla en 2002 y se ofrece para mediar en un plan de prejubilaciones a través de una sociedad, Hermes Consulting, para la que trabajaban él y Francisco Limón - administrador único que también declaró como detenido-. Su labor es mediar con el comité de empresa y con la Junta de Andalucía, momento en el que aparece de nuevo el nombre de Juan Lanzas -que ya declaró como testigo en el caso del cobro de comisiones ilegales de Mercasevilla-. La juez investiga dos pagos realizados por Mercasevilla por estos supuestos servicios de mediación: uno de 63.800 euros a Hermes Consulting y otro de 123.000 a Maginae Solutions, del cuñado de Juan Lanzas.
La Policía ve tras esta "trama" el origen de la inclusión de los denominados "hombres paja". Así lo admite el propio González, quien atribuye esta frase a Lanzas: "No te preocupes, que en cuanto podamos, metemos una persona de confianza en un ERE y te llevas la prima".
La Policía halla relaciones entre estos mediadores y los dos nombres de falsas prejubilaciones aparecidas en los ERE de Mercasevilla: Carmen Fontela y Antonio Garrido Santoyo. En el primero de los casos, Fontela, es vecina de Francisco González. Según las declaraciones recabadas por la Policía éste le solicita su DNI como un "favor" para incluirlo en el ERE de Mercasevilla. Finalmente, no lo consigue y dos años después su nombre aparece en el ERE de Río Grande. Entre 2005 y 2010 recibe entre 1.000 y 2.500 euros mensuales en una cuenta. Pero este dinero, según comprueba la Policía, no se lo queda, sino que pasa a manos de González y Lanzas que lo sacan a través de una tarjeta de crédito de 600 en 600 euros. En este mismo ERE de Río Grande aparece otro nombre que la Policía investiga: María José de la Rosa, que entra en la empresa apenas seis meses antes de su jubilación.
El caso de Garrido Santoyo demuestra un procedimiento similar e introduce otra empresa más en la red: Coosur. El ex secretario general del PSOE de Baeza se prejubiló en 1999 en esta compañía por enfermedad. Y recibió 75.000 euros en una cuenta, de la que se extraen 53.000 con un proceso sospechoso para la Policía.
A partir de estas pólizas y del papel de Vitalia, la Policía llega a una red de aseguradoras con ramificaciones incluso en Barcelona. Allí se ubica la firma Fortia, disuelta en septiembre de 2009 tras detectarse irregularidades. Ésta firma tenía relaciones con Vitalia y aparece en varios expedientes de ayudas. Entre ellas la de Hitemasa en cuyo ERE encuentran los agentes un nombre que les vuelve a conducir al inicio de su investigación: Lanzas que sin haber trabajado allí, recibe unos 150.000 euros.
La Policía aún investiga cuánto se le ha transferido de otra póliza de la propia Vitalia y sobre todo si hay más personas que hayan recibido dinero: "Fernando Mellet y Javier Guerrero debieron percibir cantidades".
