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La jueza Alaya acusa a la Junta de escapar del control de la UE

Cree que se "ideó" un sistema que podría generar responsabilidad a España como país miembro

el 14 feb 2012 / 20:23 h.

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La jueza Mercedes Alaya.

Nuevo auto demoledor de la jueza Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos públicos. La magistrada considera que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de "un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios", lo que "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro".


En un auto notificado ayer a las partes, al que tuvo acceso Europa Press, la juez plantea como "conclusión apriorística" que las ayudas dadas por la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad" de las ayudas por parte de la Intervención General de la Junta.


Alaya acusa al Gobierno andaluz de querer escapar al control de la UE "primero, concediendo en su mayoría ayudas por encima del umbral de mínimis -que no requieren autorización por parte de la Comisión Europea- y, en segundo lugar, incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas subvenciones que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación y autorización previa", un incumplimiento que, a su juicio, "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro".


Por este motivo, la jueza requiere a la Junta para que en el plazo de diez días aporte las publicaciones de las ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, todo ello al tiempo que solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores las comunicaciones que haya podido recibir de la Junta sobre "las ayudas directas exentas", desde 2001 hasta ahora.


Alaya pide además que la Consejería de Empleo entregue los expedientes de ayuda correspondientes a 23 empresas beneficiarias de las subvenciones autonómicas investigadas. También reclama los "informes anuales" presentados ante la Comisión de Economía del Parlamento de Andalucía por el "presidente del IFA/IDEA" de turno entre 1999 y 2010. La magistrada pide, asimismo, los "informes de control de eficacia que debieron ser confeccionados" sobre el funcionamiento de IDEA, así como "los motivos" de su no realización en el caso de que no existieran. También pide "detalle de las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de euros" formalizadas por IDEA desde la entregada en vigor de sus estatutos en 2007 hasta ahora, "con mención expresa a si existe o no autorización previa a la aprobación definitiva, por el Consejo de Gobierno, del titular de la Consejería de Economía y Hacienda", que entre 2004 y 2009 era José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta.

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