En un auto del día 14, notificado ayer a las partes, Alaya reclama a la Junta la documentación de los ERE de esas 40 empresas, entre ellas Corral del Conde de Sierra Morena, La Jarosa de Desarrollo Turístico Sierra Norte, Construcciones Sierra Norte o Iniciativas Turísticas Sierra Morena, que recibieron ayudas de entre 450.000 euros y 1,2 millones. También extiende sus sospechas a los expedientes de Cervezas Alhambra, la Federación de Industrias Afines de UGT-A y Minas de Riotinto. Este ERE fue aprobado por el Gobierno central, entonces del PP, y en el que medió el que fuera delegado del Gobierno en Andalucía y actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. El PSOE aireó en su día su intervención para desacreditar la tesis del PP de que la trama se montó para beneficiar a militantes y amigos socialistas.
La jueza también pide al Ejecutivo las facturas emitidas a tres despachos jurídicos por trabajos de asesoramiento:Alpha Corporate, Estudios Jurídicos Villasís -en el que trabajó el exsindicalista y conseguidor de varios ERE Juan Lanzas, uno de los imputados- y el bufete de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas.
El PSOE ya acusó a este bufete de haber cobrado 120.000 euros del fondo de reptiles -expresión usada por Guerrero para aludir a la partida destinada a subvencionar ERE- por el asesoramiento en el expediente de Santana Motor. El despacho negó haber asesorado en ningún ERE y explicó que facturó a la Agencia Idea (antiguo IFA) un trabajo de consultoría sobre la externalización de actividades de Santana pero desconocía el origen del dinero con el que le pagaron.
Además de la documentación pedida directamente a la Junta, parte de la cual fue según Alaya reclamada antes a la Policía Judicial sin éxito, la jueza solicita al Registro Mercantil de Sevilla la información de diez empresas ubicadas en El Pedroso (algunas incluidas en la nueva lista de sospechosas y otras que ya eran investigadas) y de las tres asesorías jurídicas.
Asimismo, solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria -para la que pide personal de refuerzo- que colaboren con la Guardia Civil y le faciliten las historias laborales de los beneficiario de las prejubilaciones subvencionadas.
Alaya continúa hoy tomando declaración a dos imputados en la causa del círculo de Guerrero en El Pedroso.
Apra Leven reclama 36 millones a Empleo
Una de las aseguradoras con las que la Junta suscribió las pólizas para pagar las prejubilaciones, la belga Apra Leven, está en quiebra, lo que tiene paralizados los pagos a 600 prejubilados legales. Apra Leven ha presentado una demanda judicial para exigir a la Junta una deuda de 36 millones y alega que sus incumplimientos en el calendario de pagos fue la principal causa de su intervención. El consejero de Empleo, Manuel Recio, defendió que la Junta es una parte “mínima” de sus acreedores.
Las actas irán “sin excluir una coma”
Este nuevo auto se conoció un día después de que el Supremo dirimiera el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta y decidiera que Alaya puede ver las actas de los Consejos de Gobierno que el Ejecutivo consideraba secretas. Aunque el Alto Tribunal permite a la Junta no remitir contenidos reservados bajo argumentación, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, aseguró ayer que enviará “el 100% de las actas sin excluir ni una coma”. El PP pidió que la Junta las remita también al Parlamento.
