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La jueza Alaya busca de nuevo la firma de Griñán a petición del PP

Da a la Junta 10 días para que remita más documentos y fija 4,8 millones de fianza a 16 imputados

el 02 dic 2011 / 20:52 h.

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La jueza Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares pagados con fondos públicos, ha vuelto a la carga tratando de vincular la firma del presidente de la Junta y exconsejero de Economía, José Antonio Griñán, en su instrucción y esta vez ha dado un ultimátum al Gobierno para que le envíe en diez días expedientes que firmó desde 2005 como titular de Hacienda. La magistrada atiende una vez más una petición del PP, del 17 de noviembre, para requerir documentos que tienen que ver con la autorización de modificaciones presupuestarias para inyectar dinero a la Consejería de Empleo, que a su vez ampliaba el crédito a la Agencia IDEA, que repartía y firmaba las ayudas bajo sospecha. Además, en otro auto dictado el jueves -son tres en total- impone fianzas a 16 de los imputados en el caso de los ERE por un importe de 4.797.561 euros.

Alaya reclama los expedientes tramitados por Economía -cuyo titular era Griñán- pero también los de "otras consejerías y, de manera significativa, de Innovación". El auto se puede recurrir en tres días y desde el Gobierno aseguraron que lo estudiarán. La Junta ha impugnado el anterior auto de la jueza por entender que cometió un "error de bulto" al apuntar a Griñán -también lo pidió el PP- como responsable de firmar ayudas cuando sólo autorizó operaciones de endeudamiento a IDEA. La jueza aún no ha respondido al recurso.
La Junta indicó entonces que el Consejo Rector de IDEA tiene vía libre para aprobar subvenciones que no superen los 1,2 millones -las que sobrepasen esta cantidad van al Consejo de Gobierno-. Lo que sí exige la firma del consejero de Economía son las operaciones de endeudamiento de las empresas públicas. Fuentes del Gobierno insistieron ayer en subrayar que en este caso lo que solicita Alaya y firmó Griñán fueron ampliaciones del Presupuesto que tenían previamente el visto bueno de la Intervención General. Esa era, insisten, su obligación como titular de Economía y "lo ilegal", aseguran, hubiera sido no autorizarlas. El PP denunció este asunto en noviembre y antes, en marzo, Javier Arenas interpeló a Griñán sobre este asunto en el Parlamento. Fuentes del Gobierno señalaron que todo responde "a la agenda de manipulación judicial del PP" que, dijeron, "confunde a la justicia en beneficio propio porque solo le interesa un motín político".

El penúltimo auto que señalaba a Griñán se difundió en plena campaña del 20-N y este último en precampaña de las autonómicas, cuando los partidos están engrasando su maquinaria. El PSOE-A ya ha iniciado la designación de Griñán como candidato y se da la circunstancia de que el tope de plazo que da la jueza a la Junta expira cerca del 17 de diciembre, cuando Griñán será proclamado formalmente.
En el nuevo auto, la jueza recrimina a la Junta que, pese a los informes de la Intervención General de 2003 y 2005, Empleo "siguió utilizando la figura de la transferencia de financiación" para otorgar "verdaderas ayudas excepcionales" con fondos destinados a pagar los gastos corrientes de las empresas públicas.
Alaya también aclara en uno de los autos que la información que le pidió al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y al secretario general del PP-A, Antonio Sanz, sobre el Plan Único para la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla "no conlleva declaración alguna de responsabilidad", sino que se dirige a ellos para "aportar datos". Ahora apela también al Ministerio de Industria.
La jueza impone fianzas a 16 de los imputados por 4.797.561 euros. Apunta que el dinero "salido del erario público" se destinó a "favorecer a amigos, familiares y en definitiva círculos próximos del PSOE". La mayor es para Carmen García Sánchez, propietaria del restaurante Río Grande en Sevilla. La juez le pide 1,99 millones porque, según Alaya, su responsabilidad es mayor que la del resto. A Rafael Rosendo, exalcalde socialista de El Pedroso, le pide 146.770 euros; a José Antonio García Prieto, exconcejal del PSOE de Camas, 307.086 euros; y a Carmen Fontela, prejubilada en el ERE de Río Grande en 2005 e incluida también en el ERE de Mercasevilla de 2003, le impone 101.079 euros.

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