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Alaya cerca a UGT con el registro de sus sedes y el rastreo de las cuentas

La Guardia Civil registra durante 10 horas su edificio principal, tres empresas vinculadas y el despacho de abogados del exalcalde Manuel Del Valle.

el 19 dic 2013 / 11:27 h.

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LA GUARDIA CIVIL REGISTRA LA SEDE DE UGT ANDALUCÍA EN SEVILLAApenas 15 días después de que la Audiencia Nacional remitiera a Mercedes Alaya la investigación sobre financiación irregular en la UGT-A y el supuesto uso indebido de fondos públicos para formación, la jueza archiconocida por la causa de los ERE precipitó ayer una operación policial contra el sindicato. Alaya rastreaba la facturación falsa y el desvío de fondos en la organización desde octubre, pero fue ayer cuando dio el primer paso al ordenar a la Guardia Civil el registro de la sede central del sindicato, sita en una céntrica calle de Sevilla, el de otras tres sociedades vinculadas a éste y el despacho de abogados del exalcalde de Sevilla Manuel del Valle, que preside una de estas empresas y asesoró a la UGT-A. Los agentes decomisaron multitud de documentos tanto en formato digital como en papel (se hizo copia de seguridad del servidor informático para que pudiera seguir atendiendo a empleados y parados). No hubo detenciones ni imputados. La operación Cirene, que se inició a las 10.30 de la mañana y culminó casi a las nueve de la noche, supone el comienzo de una nueva y compleja instrucción para Alaya. La jueza ya investigaba a UGT por el supuesto cobro ilegal de comisiones en la gestión de los ERE fraudulentos. Ambas causas salpican de cerca al Gobierno andaluz, aliado natural del sindicato y responsable del dinero público que se ha defraudado en los ERE y en las facturas falsas de UGT. Ayer el Parlamento andaluz debatía la aprobación de los Presupuestos para 2014 en el mismo momento en el que 50 agentes acordonaban la calle Antonio Salado y tomaron el edificio sindical. La preocupación en el Gobierno andaluz es palpable. La misma jueza que cuestiona los procedimientos de la Junta para pagar subvenciones a empresas y parados, la que ha imputado a 133 personas en tres años y mandado a prisión a exmiembros del Ejecutivo acusándolos de malversación y prevaricación coge ahora las riendas de otra causa que guarda similitudes con los ERE y pone en jaque a la Junta. El telón de fondo es el mismo: desvío de fondos públicos y uso del dinero destinado a los parados para otros fines. El sindicato insiste en que no ha habido enriquecimiento ni fraude, sólo irregularidades puntuales en las cuentas. La Junta investiga por su cuenta 17 expedientes de subvenciones otorgadas a UGT-A por valor de 7,5 millones. La reclamación al sindicato para que devuelva 1,8 millones de ayudas gastadas de forma irregular, facturadas a cursos de formación de parados, pero invertidas en fines propios (obras en la sede, comidas en la Feria, regalos de maletines falsificados) precipitó la dimisión del exsecretario general Francisco Fernández, el pasado noviembre. Pasadas las 10.30 horas de ayer, 50 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cerraron la calle donde está la sede central de UGT-A. La UCO es un grupo adscrito en Madrid que se encontraba en Sevilla desde el lunes, cuando Alaya ordenó la operación Madeja, que investiga supuestas dádivas a empresas a cambio de contratos municipales en el Ayuntamiento hispalense. Fuentes del caso aseguran que ayer tenían previsto volver a Madrid, pero a última hora se activó la nueva operación. Un secretario judicial les acompañó con una orden de registro. Los agentes accedieron a la sede y preguntaron por Manuel Ferrer, secretario de Organización y máximo dirigente del sindicato desde la dimisión de Fernández, pero no había ningún miembro de la ejecutiva. Ningún dirigente esperaba el registro, reconoció más tarde Ferrer. El máximo cargo en la sede en ese momento era José Carlos Mestre, secretario de Relaciones Institucionales. La Guardia Civil pidió a un administrativo que le hiciera bajar de su despacho y éste telefoneó a su secretaria: “La Guardia Civil está aquí y pregunta por Mestre”, dijo. La secretaria, según su relato, se echó a reír: “No jodas. Con eso no bromees”. Los agentes decidieron no esperar, subieron al despacho e iniciaron el registro. Había una veintena de trabajadores dentro y otros tantos desayunando en la calle. La Guardia Civil no permitió entrar ni salir a nadie, pidió las claves de acceso individual a todos los ordenadores, identificó a los empleados y les pidió un móvil de contacto. Uno de ellos dijo: “Hace tiempo que os estábamos esperando”. Hubo cuatro registros más: en la sede social de Soralpe (en la calle Menéndez Pelayo, 7), una empresa que le factura al sindicato los alquileres de equipos informáticos, el mobiliario, el mantenimiento y las aulas para cursos de formación a parados. Soralpe, según un exmiembro de UGT, también organizaba cursos y pagaba a parte de la plantilla del sindicato (de Personal, Compras y Prensa). El administrador es Enrique Goicoechea, y los patronos los exdirigentes Manuel Pastrana, Francisco Fernández y Federico Fresneda. Las otras dos firmas registradas pertenecen al sector de la construcción: Proyectos Inmobiliarios Novasur, y Geosur Arquitectura y Urbanismo. De esta última surgió el posterior registro al despacho de abogados del exalcalde Manuel del Valle, a quien la Guardia Civil le reclamó documentación como presidente de la sociedad y asesor de UGT-A en dos concursos públicos de VPO en Sevilla y Jerez (Cádiz), informa Efe. En el caso de la promoción en Sevilla Este, el sindicato perdió el concurso, que ganó la Confederación de Empresarios de Andalucía. Cabe recordar que se trata de una promoción de VPO que recibió un 1,7 millones de la Junta y que está sin entregar. Está promoción se encuentra en los tribunales denunciada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

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