La jueza Alaya, otros 20 días de baja

El aplazamiento supone un contratiempo para la causa de los ERE que lleva más de cuatro meses paralizada.

el 17 ene 2013 / 12:28 h.

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía,  Mercedes Alaya, ha presentado este jueves un nuevo parte de baja  laboral por enfermedad para otros 20 días, han informado a Europa  Press fuentes judiciales.

La magistrada acumula más de cuatro meses de baja tras abandonar  su actividad en el Juzgado el día 12 de septiembre debido a las  fuertes cefáleas que sufría desde que se incorporó a su órgano  judicial una vez concluidas las vacaciones de verano.

Las fuentes consultadas por Europa Press han subrayado que el  Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la causa de  los ERE fraudulentos con más de 60 imputados, no se encuentra  "desasistido ni desprotegido", toda vez que el Tribunal Superior de  Justicia de Andalucía (TSJA) nombró a Ana Rosa Curra como juez de  refuerzo, puesto al que se ha incorporado a principios de enero.

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de  empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía,  Mercedes Alaya, ha presentado este jueves un nuevo parte de baja  laboral por enfermedad para otros 20 días, según han informado a  Europa Press fuentes judiciales.

Precisamente, el presidente del Alto Tribunal andaluz se  trasladará a Sevilla el miércoles de la próxima semana para reunirse  con Ana Rosa Curra "y analizar las necesidades" del órgano judicial  en cuestión, que además de los ERE instruye otras causas tan  complejas como la dirigida contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto  delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real  Betis Balompié.

Varias fuentes consultadas por Europa Press aseguran que, tras el  nuevo parte de baja presentado por la magistrada Mercedes Alaya, el  TSJA "no tiene sobre la mesa" adoptar ninguna medida, aunque otras  fuentes apuntan a que la visita de Lorenzo del Río prevista en  principio para el próximo miércoles tiene como fin analizar las  "necesidades" del Juzgado para, en consecuencia, proponer alguna  medida de refuerzo. 

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado varios escritos en el  Juzgado en el que pide que se impulse la causa y advierte de la  posibilidad de que algunos de los delitos investigados puedan  prescribir, solicitando asimismo que se establezca un calendario de  declaraciones para aquellos imputados que no han prestado declaración  hasta el momento. 

Durante el tiempo en que la magistrada ha estado de baja, el juez  nombrado sustituto, Iván Escalera, que concluyó su contrato  recientemente, resolvió algunos recursos y tomó algunas decisiones de  calado, como cuando decidió rebajar a 50.000 euros la fianza para que  el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta  Francisco Javier Guerrero pudiera abandonar la prisión, cosa que hizo  el 22 de octubre.

De igual manera, el juez sustituto dictó un auto el día 6 de  noviembre en el que decretó el secreto de sumario durante un mes del  caso de los ERE a fin de ampliar la investigación sobre personas no  imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación  ilícita, cohecho y blanqueo de capitales. 

Este secreto, conviene recordarlo, fue prorrogado posteriormente  en dos ocasiones por la "gravedad" de los delitos que se investigan y  a fin de identificar a los "verdaderos" beneficiarios de los fondos  públicos investigados. 

De su lado, la juez Ana Rosa Curra ordenó este martes el ingreso  en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Juan Francisco  Algarín Lamela, uno de los presuntos testaferros de las "empresas  pantalla" empleadas supuestamente para introducir en el circuito  financiero "y con apariencia de legalidad" el dinero procedente de  las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones  vinculadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE)  financiados por la Junta de Andalucía. 

Tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, la juez acordó el  ingreso en la cárcel de Sevilla-I de Juan Francisco Algarín, a quien  imputa un total de cinco delitos, en concreto cohecho, malversación  de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y  blanqueo de capitales.  

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el  pasado mes de septiembre al Juzgado que investiga los ERE  fraudulentos un oficio en el que señalaba que Juan Francisco Algarín,  que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack  Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero  de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros.
 

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