Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver, el día 7.
El 16 de julio de 2010 pasará a la historia del Real Betis Balompié como uno de los días más importantes de su historia. Que sea para bien o para mal está por ver, porque la incertidumbre que se abre ahora es grande, como grande es el club de las trece barras, pero la jueza Mercedes Alaya emitió ayer el auto que tanto esperaban los que no quieren a Manuel Ruiz de Lopera y el éxito de los opositores, y en este caso acusadores, es evidente. La magistrada dictó cuatro medidas cautelares, a cual más dura para el antiguo dueño de la entidad: lo inhabilita de cualquier función en el Betis; le impone una fianza de 25 millones de euros que deberá pagar en cinco días para evitar que le embarguen sus bienes; suspende los derechos políticos de las acciones que detenta Farusa; y prohíbe a esta empresa que disponga de esos títulos. La jueza, además, no impone ninguna fianza a las asociaciones querellantes. En resumen, no tiene en cuenta ninguno de los criterios de la Fiscalía ni de la defensa.Como es normal, Lopera recurrirá el auto y confía en que la Audiencia Provincial "resuelva el caos" que en su opinión ha provocado Alaya, según transmitió ayer a través de la web de su anterior director de comunicación. "Fue la propia Audiencia la que en un auto firme señaló que Lopera era el legítimo propietario de esas acciones que ahora la jueza ha decidido intervenirle", refleja el comunicado.
Las medidas de la jueza Alaya reducen el poder de Lopera a la nada y anulan la venta de su paquete a Bitton Sport. Luis Oliver no es nadie en el Betis desde ayer por la tarde. El poder vuelve a residir ahora en el consejo de administración vigente, presidido por José León, aunque la acusación opina que la magistrada nombrará un interventor que se encargará de gestionar el club hasta que se designe un nuevo consejo. Eso puede ocurrir en la junta extraordinaria de accionistas del 20 de agosto, aunque la oposición no está segura de que esté bien convocada.
La jueza Alaya desgrana en cinco fundamentos jurídicos las razones que la llevan a tomar una decisión que marcará el futuro del Betis. En el tercero de ellos aparece el espíritu que guía su dictamen. "Existiendo indicios serios de criminalidad contra el señor Ruiz de Lopera [...], procede adoptar las medidas cautelares a fin de [...] evitar [...] que pueda cometer hechos delictivos de análoga naturaleza". "Resulta claro para esta instructora -añade- que los sujetos pasivos de esos delitos son la propia sociedad y el resto de los socios, por lo que [...] no puede mantenerse esta situación de presunto abuso de poder". La jueza, en definitiva, entiende que Tegasa y Encadesa, Lopera al fin y al cabo, "han dispuesto de los ingresos del Betis para garantizar su subsistencia [...] y para su lucro personal e ilegítimo".
LAS CUATRO MEDIDAS. La primera medida es la imposición de una fianza de 25 millones. Si no la paga en cinco días, "se procederá al embargo de sus bienes y, en su caso, los de cualquiera de sus empresas (Farusa, Incecosa o Frigimueble)". La magistrada se basa en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que la cantidad "no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias". Alaya también justifica por qué no impone caución a los querellantes: "Podríamos llegar al absurdo [...] de que sólo se protegería a las víctimas que tuvieran importantes recursos económicos. Ello carece de cualquier lógica jurídica", afirma.
La segunda medida es la "prohibición a Farusa de disponer de las acciones del Betis tituladas a su nombre". Son 20.662 títulos "que indiciariamente nunca llegó a desembolsar al Betis". Es decir, que Lopera se benefició "de una importante partida de las acciones del Betis que adquiere y detenta sin haber hecho desembolso alguno por ellas". En este punto, la jueza pide que se libre oficio al Consejo Superior de Deportes (CSD) "a fin de que [...] no se autorice la transmisión del paquete de acciones de Farusa o se suspenda cautelarmente la decisión sobre dicha autorización". En otras palabras, que no autorice la venta a Bitton Sport. "Existen indicios más que razonables de que gran parte del paquete que se pretende transmitir no ha sido nunca desembolsado por Farusa al Betis, por lo que dicha transmisión estaría afectada de nulidad radical o de pleno derecho", reitera la magistrada, que cree que Lopera quiso vender para "eludir y hacer ineficaz la previsible actuación judicial tras su declaración". De todas formas, Alaya afirma que al no haber autorización del CSD "la transmisión de las acciones todavía no se ha producido" y Farusa "sigue siendo su titular".
La tercera medida es la "prohibición a Farusa de ejercitar los derechos políticos de las acciones que integran su paquete accionarial". Recalca la magistrada que la "privilegiada posición" de esa sociedad en el consejo del Betis "le ha permitido, indiciariamente, el ilícito apoderamiento de importantes sumas derivadas de los recursos de la actividad deportiva del club".
La última medida es "la suspensión cautelar" de Lopera "en las funciones que hasta la fecha viene desempeñando como consejero y consejero delegado". Esas facultades "las ejercerá el consejo de administración". La inhabilitación de Lopera se amplía también a Farusa e incluso a cualquier familiar del ex máximo accionista. "La protección de la sociedad pasa por evitar en lo sucesivo el uso ilegítimo del poder por parte del señor Ruiz de Lopera", dice Alaya, cuyo objetivo es "evitar la concentración de poder que siempre ha existido en el Betis y que ha permitido la comisión de los presuntos hechos delictivos que se han imputado". "Si esta situación se mantiene [...], los perjuicios para el Betis y para el resto de los socios podrían ser irreparables", sentencia.
La jueza también ordena que se comunique a Bitton Sport estas medidas porque hay algunas "que pueden afectarle" y manda a la Guardia Civil que se dirija a José León "para que aporte el libro original de socios de la sociedad", en el que figuran "todas las tranmisiones de acciones efectuadas" desde 1992.
EL FUTURO. El futuro del Betis ahora es una gran incógnita. Una vez anulado el cerca del 48% que poseía Farusa, hay dos grandes núcleos. Uno está formado por dos consejeros: Rufino González y Manuel Castaño. Se trata de los dos máximos accionistas a título individual después de Lopera. Eso sí, no se llevan precisamente bien y la alianza entre ellos se antoja improbable. Entre ambos, además, siguen teniendo menos capital social que el otro gran núcleo, el de los grupos de la oposición. Sólo PNB tiene sindicado ya cerca del 6% (esta asociación se reivindica como la nueva accionista mayoritaria) y en Béticos por el Villamarín también hay grandes accionistas, como Miguel Espina. La mayor parte del capital que no obra en poder de Farusa está distribuido entre pequeños accionistas.
