El máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, ha sido citado como imputado el 14 de julio ante la juez que investiga presuntos delitos societarios en la gestión del club, pese a que la Fiscalía va a recurrir ante la Audiencia para que se declare prescrito todo lo investigado entre 1993 y 1998.
Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que la juez de instrucción 6 de Sevilla, en una breve providencia de tres líneas, ha citado a Lopera para el próximo 14 de julio a las 10.30 horas, en la que será su primera declaración judicial por una denuncia de la Fiscalía por, presuntamente, "descapitalizar el Betis en beneficio propio".
La declaración se ha convocado después de que un informe de dos peritos judiciales haya cifrado en 12,9 millones de euros los perjuicios causados al Betis mediante la gestión interpuesta de empresas de Lopera entre los años 1993 a 1999, aunque los expertos aún deben entregar una segunda parte, referido a las cuentas entre 1999 y 2008.
La juez no ha citado de momento a las otras seis personas también denunciadas como apoderados o representantes de las empresas de Lopera.
La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente presentó la denuncia, solicitó a finales de abril el archivo de todo lo investigado entre 1993 y 1998 por considerar que los delitos se han cometido hace más de diez años y están prescritos, lo que ha sido rechazado por la juez.
Las citadas fuentes han precisado a Efe que la Fiscalía va a recurrir la decisión de mantener abierta esa parte de la investigación, en un recurso que recaerá en la Sección Primera de la Audiencia provincial, que ya en marzo pasado anuló un intento de la juez de extender la investigación hasta 1992, cuando el Betis se constituyó en Sociedad Anónima Deportiva (SAD).
La Audiencia dijo entonces que la gestión en 1992 "no guarda relación con el objeto de estas diligencias previas" y los hechos investigados no cumplen "la exigencia de una mínima apariencia de tipicidad penal".
La Fiscalía pretende que tampoco se considere delito el pago, con fondos del Betis, de la responsabilidad civil derivada de los dos delitos contra la Hacienda Pública a que fue condenado Ruiz de Lopera en el año 2006.
La sentencia le impuso una condena por dos delitos contra la Hacienda Pública, sustituibles por dos multas de 36.000 euros, y el pago de sendas multas de 613.608 y 1.271.166 euros, unido a los 2.156.141 euros a que ascendía la cuota defraudada.
Dado que dicha sentencia no contenía condena a responsabilidad civil ni directa del autor del delito ni subsidiaria de la persona jurídica, la Fiscalía entiende que la reclamación de esas cantidades "corresponde a otros ámbitos del Derecho".
La juez de instrucción ha entendido, en contra de la Fiscalía, que no es cierto que los delitos imputados a Lopera prescriban a los diez años sino a los quince, pues se debe tener en cuenta la agravante de la "especial gravedad" del delito y la "pluralidad de perjudicados".
