El Gobierno respondió que estudiará "con detalle y con rigor" el escrito, aunque en "una primera lectura" -según fuentes del Ejecutivo- creen que la magistrada "comienza a acotar su petición". Sobre si seguirán adelante con su intención de ir al Supremo, precisaron que en ningún caso la Junta "recusará a la juez" sino que solo plantea "un requerimiento de inhibición" en lo que se refiere a las actas.
La jueza redacta un vehemente auto, al que tuvo acceso este periódico, en el que acude a los subrayados para destacar algunas expresiones y con afirmaciones que ponen en duda muchos de los argumentos que públicamente defiende el Gobierno, frente a los ataques del PP, respecto a su papel en el caso. "En cualquier caso resulta paradójico que durante 10 años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extraña que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello", asegura. Con la misma claridad lamenta que la Junta, que es parte acusadora, "pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que puedan ser relevantes para la investigación". Y critica la actitud de la Junta pese a su "publicitado ánimo de colaborar con la justicia".
La instructora reclamó al Gobierno, hace diez días, todas las actas de sus reuniones del Consejo de Gobierno desde 2001. La Junta se negó a enviar esa documentación por considerarlo ilegal, ya que defiende que esas actas son secretas y que solo corresponde al Gobierno hacerlas públicas. Le reclamó a la jueza que precisara esa "petición indiscriminada" de documentos.
Con la misma Ley del Gobierno en la mano, la jueza contesta que las actas "no son reservadas ni son secretas" y que solo tienen carácter reservado "las deliberaciones, opiniones y votos emitidos" en el Consejo de Gobierno. Precisa que no le interesan esos documentos sino "solo los acuerdos" y que devolverá los que no sean pertinentes.
La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga una presunta trama tejida con ayudas pagadas por la Junta para expedientes de regulación de Empleo (ERE) y empresas en crisis, explica año a año qué busca en esas actas del Gobierno. Se remonta a 2001 porque ese año se firmó el convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que permitió convertir a esa empresa pública -después sería la Agencia IDEA- en la pagadora de las ayudas y sacarlas así del circuito oficial de la Consejería. Se pregunta si ese convenio estuvo amparado por el Consejo de Gobierno. Insiste en querer conocer si desde 2001 hasta 2003 hubo algún reparo por parte de la Intervención General de Hacienda o de la Cámara de Cuentas. A partir de 2003 y 2004 se pregunta si el Gobierno adoptó alguna medida ante el desfase presupuestario en las ayudas o si actuó tras caducar el convenio firmado con el IFA. A partir de 2005, su interés -explica- se justifica en los informes de la Intervención.
El auto, de 30 de marzo, vuelve a poner el foco en el Gobierno. Apunta que "al margen de la indebida utilización de fondos públicos para beneficiar a amigos, familiares, personas vinculadas al partido del gobierno y a su entorno" se investiga si hubo "un delito de prevaricación" por utilizarse un procedimiento en la concesión de las ayudas sobre el que había "un indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias". Insiste, en contra de lo que defiende la Junta, en cargar las tintas en los informes que la Intervención General de Hacienda -el máximo órgano de control de las cuentas públicas- emitió alertando en contra del procedimiento para dar estas ayudas.
"No es una cuestión de forma sino de fondo", subraya. Informes que avisa "no han podido ser más expresivos" y que "han estado de manera incesante poniendo de manifiesto al consejero de Economía [entonces José Antonio Griñán], a IDEA y al consejero de Innovación" de que el procedimiento no era adecuado y de que estaba dando las ayudas un director general que carecía de competencias. El Gobierno sostiene que los avisos no llegaron a los consejeros.
Alaya afea duramente a la Junta que se enterara por los medios de su negativa a dar las actas. Precisamente el PSOE-A le ha recriminado estos días que lo papeles que se le envían "estén a los cinco minutos en los medios". La Junta abrió una investigación interna en la que detectó 72 intrusos y 111 anomalías en los ERE desde 2005. Cifra el fraude en 9 millones. La jueza apunta que el fraude puede ser mayor.
Críticas a la Inspección de Trabajo
Alaya no quiere que la Inspección de Trabajo intervenga en su investigación, como le había pedido la Fiscalía de Sevilla, que le propuso solicitar la ayuda de dos inspectores ante la complejidad de la documentación aportada al juzgado.
Sin embargo, la jueza se niega en rotundo porque le resulta "sorprendente" que la Inspección, que es la que debe "comprobar las causas que motivaron los expedientes y velar por la inexistencia de fraude o abuso de derecho, no hiciera la menor reseña o reparo" sobre el hecho de que Mercasevilla, entre el ERE de 2003 y el de 2007, "hubiera contratado prácticamente el mismo número de trabajadores despedidos en el primer expediente", cuando ambos se realizaron por cuestiones económicas y organizativas. "Las razones expuestas, aún cuando se agradezca la iniciativa del Ministerio Público sobre este particular, justifican cumplidamente la denegación de la petición formulada".
No obstante, sí ha recurrido a ayuda especializada pero de la Dirección General de Seguros para analizar las supuestas irregularidades detectadas en las pólizas para sufragar los ERE. En el auto rechaza la personación de UGT como acusación particular.
