El restaurante Río Grande, así como otros locales de la sociedad, están embargados por la jueza Alaya. / Paco Cazalla
El intento de venta del restaurante Río Grande por parte de su propietaria, imputada en el caso de los ERE, no fue una estafa. Así, lo ha determinado el Juzgado de Instrucción número 15 quien ha archivado la denuncia interpuesta por la persona que estaba interesada en adquirir el negocio, operación que se frustró al conocer que el mismo estaba embargado. La magistrada recuerda que cuando se intentó vender el local sobre el mismo no pesaba ninguna medida cautelar en ese momento, sino sobre las participaciones de la dueña del mismo, María del Carmen García Sánchez.
Según han confirmado a este periódico fuentes judiciales, la titular de este juzgado, Silvia Patricia Soto, ha acordado el archivo provisional de la causa al «no existir» responsabilidad penal en los hechos que se denunciaron por el comprador. En un auto, dictado el pasado 30 de junio, la jueza explica que pese a que sobre el restaurante pesa un embargo, ordenado por Mercedes Alaya para asegurar la fianza de 1,9 millones impuesta por las irregularidades en el ERE del restaurante, cuando se intentó vender el inmueble aún no se había embargado la propiedad, sino sólo sus participaciones en el negocio, que suponen el 99 por ciento.
El contrato de compraventa se firmó en octubre de 2013, momento en el que el interesado entregó a María del Carmen García Sánchez 500.000 euros como señal. El resto, 6,5 millones de euros, se entregaría cuando se formalizara la compra ante notario. Para entonces, la dueña tenía embargadas desde mayo de 2012 sus participaciones en la sociedad. El inmueble no sería embargado hasta febrero de 2014, cuatro meses después del preacuerdo de venta. En ese momento, la magistrada también embargó otra finca situada en la misma zona de la calle Betis pero en sus números pares, y un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila) además de los saldos bancarios y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria de García Sánchez. Por ello, la jueza que ha investigado la denuncia cree que no existió estafa y que «no existe responsabilidad penal».
En su declaración como imputada, la dueña de Río Grande sostuvo que la persona que pretendía comprar el negocio «sabía» que el mismo estaba embargado por la jueza Mercedes Alaya. García reconoció ante la magistrada que firmó dicho contrato, sin bien especificó que no era necesario recoger las cargas que pesaban sobre el restaurante en el contrato. Además, defendió que el interesado conocía que existía el embargo, ya que, según dijo, el caso de los ERE es bastante conocido y ha salido en todos los medios de comunicación tanto a nivel provincial como nacional. Es más, según su versión, el propio comprador se lo había comentado a ella.
La propietaria de Río Grande también explicó que comunicó al juzgado de los ERE su intención de vender el negocio, para lo que le solicitó el pertinente permiso. Sin embargo, la acusación particular, que ejerce el comprador, sostenía que este trámite lo hizo en diciembre de 2013, cuando ya se había formalizado el contrato y ya se le había anunciado que sería denunciada si no devolvía los 500.000 euros entregados como señal.
La acusación particular aseguró ante la instructora, además, que si García devolvía los 500.000 euros, que fueron entregados en un cheque que está cobrado, retirarían la denuncia. Ella, en cambio, y según las mismas fuentes, dijo que quería llegar a un acuerdo con la otra parte, pero que tras haber sido denunciada por estafa ya no tenía intención de sentarse a negociar.
