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La jueza da cinco días a la Junta para que envíe de nuevo los ERE completos

Alaya critica el desorden de la documentación "impropio" de cualquier órgano de la administració. También ordena a la Policía Judicial investigar la vida laboral del exconsejero Antonio Fernández y su excedencia en González Byass.

el 27 may 2011 / 20:28 h.

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La jueza que investiga el caso ERE, Mercedes Alaya.
La jueza Mercedes Alaya ha vuelto a mostrar su descontento con la colaboración de la Junta a la investigación del caso ERE, o al menos, con la documentación que le ha facilitado. En un auto del 17 de mayo destaca que su revisión es "enormemente compleja" debido a que "las condiciones en que ha sido enviada al juzgado resulta cuanto menos inaudita, pues la misma además de incompleta carece del menor orden lógico o cronológico, siendo tales expedientes -palabra que entrecomilla- un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos, realmente impropios de cualquier órgano de la administración". Por ello, da cinco días al Ejecutivo -a contar a partir de la notificación del auto, por lo que según la Junta aún está en plazo- para que le vuelva a enviar "copia compulsada de los expedientes auténticos debidamente ordenados y tramitados" o justifique "detalladamente las razones" por las que "presentan el estado descrito".

 

Alaya critica que la documentación no presenta la exhaustividad "esperable en expedientes donde se otorgaban en concepto de ayudas cifras millonarias". En los últimos días el PP ha llegado a acusar a la Junta de "fabricar" los expedientes a posteriori tras los requerimientos de la jueza.

Pero "pese a las dificultades descritas", en el auto insta a la Policía Judicial a continuar con las diligencias de investigación en relación a algunos de los imputados y de las empresas en crisis que recibieron subvenciones de la Junta.

Es el caso del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado por la jueza tanto por haber desempeñado ese cargo durante gran parte del periodo en el que se tramitaron las ayudas para empresas en crisis bajo sospecha como por su propia inclusión en un ERE subvencionado por la Junta, el de la bodega jerezana González Byass, de la que fue trabajador.

Alaya, que en otro auto ya ordenó investigar el patrimonio de Fernández y sus familiares -auto recurrido por el exconsejero- requiere ahora a la Policía Judicial que investigue la vida laboral de Fernández en la bodega jerezana y el criterio seguido para calcular su indemnización como prejubilado -que no ha llegado a cobrar aunque sí está incluido en la lista de beneficiarios.

La magistrada requiere que se investiga "la filiación del personal directivo que había en González Byass en 1981", cuando tuvo que pedir su excedencia como profesor asociado en la Universidad de Cádiz para incorporarse a la empresa, así como la documentación sobre la solicitud de esa excedencia y la respuesta de la Universidad. También requiere investigar si pidió la excedencia en la bodega cuando en 1983 pasó ser concejal del Ayuntamiento jerezano y si ha ido solicitando prórrogas de esa excedencia por "nuevos cargos públicos" que ha venido desempeñando, así como las respuestas de la empresa. Además, Alaya quiere ver el convenio colectivo de González Byass o del sector bodeguero entre 1981 y 1983 "para determinar si existía alguna disposición específica sobre las excedencias".

No le cuadran dos intrusos de Samec
Entre la documentación revisada por la jueza está la del ERE de Samec (Manufactura del Corcho), en la que la investigación interna de Empleo ha detectado cuatro intrusos. La jueza pide a la Junta que "manifieste el motivo de la inclusión" de dos trabajadores en su lista de presuntos falsos prejubilados "constanto ambos como extrabajadores de la empresa". Respecto a los otros dos, pide a la Policía Judicial que compruebe si uno de ellos, José Antonio García Prieto -militante del PSOE de Camas- es el mismo que también aparece en el ERE de Intersur.

Investiga si hubo un segundo ERE en Dhul
La investigación de la Junta detectó tres intrusos en el ERE de Dhul pero Alaya habla de cinco, entre ellos la cuñada del conseguidor Juan Lanzas. De dos de ellos ordena investigar su relación con el exsindicalista imputado. Cuestiona que en la última resolución para el pago de las pólizas, dictada por el actual director de Trabajo, en septiembre, los beneficiarios sean 66 empleados en vez de 69 y pide a la Policía que investigue "qué ocurrió con el segundo ERE" que la empresa pidió en 2006 y que inicialmente Empleo rechazó aunque en febrero de 2007 "aparece un listado definitivo de 98 trabajadores". Alaya quiere saber si finalmente se aprobó

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