Otra tanda de sindicalistas, políticos y empresarios imputados, peticiones de fianzas millonarias y más informes que amplían las sospechas sobre la extensísima trama de los ERE fraudulentos marcaron la jornada de ayer en los juzgados de Sevilla.
La jueza Mercedes Alaya, que investiga el desvío de fondos públicos de la Junta a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares cuyos intermediarios se habrían llevado comisiones millonarias, dejó en libertad con cargos a los últimos siete detenidos e imputó tres delitos al exdiputado del PSOE Ramón Díaz.
La instructora, que ha imputado a más de 170 personas, ha pasado de desentrañar el entramado político que permitía desviar fondos de Empleo a buscar a los intermediarios que lograban sobrecomisiones, entre los que acusa a numerosos sindicalistas; y a los banqueros que blanqueaban fondos.
De los siete detenidos, los primeros en quedar libres a las dos de la madrugada de ayer fueron los sindicalistas Salvador Mera, secretario general de UGT-Cádiz para quien el fiscal pidió una fianza de 248.000 euros; y Roberto Carmona, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A, el único para el que Alaya fijó la fianza, de 471.000 euros. A la salida del juzgado, Mera dijo que no se siente culpable en este caso, en el que la realidad supera a la ficción, y señaló que su detención era innecesaria porque estaba dispuesto a declarar cuándo y dónde sea.
Las declaraciones se prolongaron hasta las 3.30 de la madrugada y ni la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones pidieron prisión para los imputados, entre ellos el exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía y exalto cargo de Diputación Enrique Rodríguez, que se acogió a su derecho a no declarar. El fiscal pidió un millón de euros de fianza y la Junta tres.
También quedaron libres con obligación de acudir al juzgado cada 15 días Francisco Casado, exsindicalista de CCOO en Córdoba; Gerardo de la Cruz, exdirector de una oficina de Caja San Fernando en Cazalla de la Sierra, supuestamente usada para blanquear dinero, el empresarios malagueño Ángel Quesada y el empresario sevillano José Joaquín Barneto. En la operación hubo 10 detenidos, y la Guardia Civil dejó libres a tres.
La jueza imputó a los siete los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad y delito fiscal.
Por la mañana, Alaya había citado al exdiputado andaluz del PSOE y exasesor del director general de Trabajo Ramón Díaz, a quien atribuye una activa participación en la inclusión de cinco intrusos en ERE de tres empresas. La jueza le imputó prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, le retiró el pasaporte y le impuso la obligación de ir al juzgado cada 15 días. La Fiscalía Anticorrupción pidió que se le imponga una fianza de dos millones de euros. Díaz no declaró, pero su abogado negó los cargos alegando que le culpan de ayudas que figuran en un listado manuscrito cuya letra no reconoce. En un comunicado, su letrado aludió a un documento de la Junta aportado a la causa que afirma que Díaz no tenía ninguna capacidad de decisión, no podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba ayudas.
Por otro lado, la jueza recibió dos nuevos atestados de la Guardia Civil. El primero acredita que los exconcejales socialistas sevillanos Carmelo Gómez y José Antonio García trabajaron para empresas vinculadas al conseguidor Juan Lanzas, encarcelado desde marzo por la línea de investigación sobre los ERE centrada en las sobrecomisiones que cobraban los intermediarios. El segundo vuelve a apuntar al exconsejero de Empleo José Antonio Viera y al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero como máximos responsables de la concentración de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla, que acaparó 52 de los 82 millones concedidos en una década.
Otra tanda de sindicalistas, políticos y empresarios imputados, peticiones de fianzas millonarias y más informes que amplían las sospechas sobre la extensísima trama de los ERE fraudulentos marcaron la jornada de ayer en los juzgados de Sevilla.
La jueza Mercedes Alaya, que investiga el desvío de fondos públicos de la Junta a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)irregulares cuyos intermediarios se habrían llevado comisiones millonarias, dejó en libertad con cargos a los últimos siete detenidos e imputó tres delitos al exdiputado del PSOE Ramón Díaz.
La instructora, que ha imputado a más de 170 personas, ha pasado de desentrañar el entramado político que permitía desviar fondos de Empleo a buscar a los intermediarios que lograban sobrecomisiones, entre los que acusa a numerosos sindicalistas; y a los banqueros que blanqueaban fondos.
De los siete detenidos, los primeros en quedar libres a las dos de la madrugada de ayer fueron los sindicalistas Salvador Mera, secretario general de UGT-Cádiz para quien el fiscal pidió una fianza de 248.000 euros; y Roberto Carmona, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A, el único para el que Alaya fijó la fianza, de 471.000 euros. A la salida del juzgado, Mera dijo que no se siente culpable en este caso, en el que la realidad supera a la ficción, y señaló que su detención era innecesaria porque estaba dispuesto a declarar cuándo y dónde sea.
Las declaraciones se prolongaron hasta las 3.30 de la madrugada y ni la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones pidieron prisión para los imputados, entre ellos el exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía y exalto cargo de Diputación Enrique Rodríguez, que se acogió a su derecho a no declarar. El fiscal pidió un millón de euros de fianza y la Junta tres.
También quedaron libres con obligación de acudir al juzgado cada 15 días Francisco Casado, exsindicalista de CCOO en Córdoba; Gerardo de la Cruz, exdirector de una oficina de Caja San Fernando en Cazalla de la Sierra, supuestamente usada para blanquear dinero, el empresarios malagueño Ángel Quesada y el empresario sevillano José Joaquín Barneto. En la operación hubo 10 detenidos, y la Guardia Civil dejó libres a tres.
La jueza imputó a los siete los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad y delito fiscal.
Por la mañana, Alaya había citado al exdiputado andaluz del PSOE y exasesor del director general de Trabajo Ramón Díaz, a quien atribuye una activa participación en la inclusión de cinco intrusos en ERE de tres empresas. La jueza le imputó prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, le retiró el pasaporte y le impuso la obligación de ir al juzgado cada 15 días. La Fiscalía Anticorrupción pidió que se le imponga una fianza de dos millones de euros. Díaz no declaró, pero su abogado negó los cargos alegando que le culpan de ayudas que figuran en un listado manuscrito cuya letra no reconoce. En un comunicado, su letrado aludió a un documento de la Junta aportado a la causa que afirma que Díaz no tenía ninguna capacidad de decisión, no podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba ayudas.
atestados // Por otro lado, la jueza recibió dos nuevos atestados de la Guardia Civil. El primero acredita que los exconcejales socialistas sevillanos Carmelo Gómez y José Antonio García trabajaron para empresas vinculadas al conseguidor Juan Lanzas, encarcelado desde marzo por la línea de investigación sobre los ERE centrada en las sobrecomisiones que cobraban los intermediarios. El segundo vuelve a apuntar al exconsejero de Empleo José Antonio Viera y al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero como máximos responsables de la concentración de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla, que acaparó 52 de los 82 millones concedidos en una década.
