La denuncia sobre las supuestas irregularidades que pudieron cometerse en la concesión de ayudas a proyectos de inversión y créditos por parte de Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha sido remitida al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y no al Juzgado de Instrucción número 6, encargado de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la denuncia elevada por el exdirector de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, acompañada de la grabación de una conversación en la que, presuntamente, la presidenta de esta entidad, Laura Gómiz, le presiona y le da órdenes para que redacte informes con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas, a lo que éste se niega, fue remitida al Juzgado de Guardia, quien la envió a reparto para su asignación a uno de los 20 juzgados de Instrucción sevillanos.
Tras ello, la denuncia fue repartida y remitida al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, han apuntado las mismas fuentes consultadas.
En dicha conversación grabada, donde se hace alusión a la auditoría que a principios de 2011 estaba realizando la Cámara de Cuentas, Gómiz le pide a Cantos que realice informes "pasados", es decir, expedientes nuevos sobre empresas que ya han recibido fondos para justificar que la inversión era correcta, al tiempo que le ordena que realice otros con datos falsos.
La grabación fue presentada por Cantos como prueba ante el Juzgado de lo Social el pasado 13 de febrero con motivo de su despido de Invercaria con el objetivo de demostrar las presiones a las que se vio sometido durante su estancia en la agencia desde principios de 2011 hasta el 29 de junio de ese mismo año, fecha en la que se materializó su despido, tras lo que el asunto ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.
El PP-A viene denunciando en las últimas semanas la existencia de un "segundo fondo de reptiles" vinculado a la empresa Invercaria a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas que cuestionaba el procedimiento para la concesión de los préstamos por la ausencia de criterios que fijara los requisitos que deben reunir los beneficiarios y alertaba sobre la presencia de personas en plantilla que aun recibiendo retribuciones mensuales "no prestan de forma justificada sus servicios".
