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La jueza del caso ERE custodiará las actas a la espera del Supremo

El tribunal tardará "dos o tres meses" en decidir si Alaya puede abrirlas.

el 06 abr 2011 / 20:49 h.

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La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya.
Las actas de los Consejos de Gobierno andaluz de los últimos diez años, lacradas con el correspondiente precinto de seguridad, llegarán hoy al juzgado de instrucción número seis de Sevilla, que coordina la jueza Mercedes Alaya, responsable del caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos.

 

La Junta cumple así en tiempo y forma el ultimátum que la magistrada dictó en su último auto, en el que ordenaba al Ejecutivo de José Antonio Griñán entregar todas las actas en un plazo máximo de 72 horas. Alaya advirtió de antemano que, de no hacerlo, el Gobierno andaluz estaría incurriendo en un delito de "quebrantamiento de medida cautelar".

El Ejecutivo andaluz le ha negado las actas del Consejo de Gobierno hasta última hora, alegando que contenían deliberaciones "secretas", y amparándose en la confidencialidad que les brinda la Ley del Gobierno andaluz. Cuando la magistrada les reprochó la falta de colaboración y haber "ocultado" documentación relevante para la investigación de los supuestos ERE falsos, el Ejecutivo de Griñán anunció que estaba dispuesto a defender su negativa a entregar las actas acogiéndose al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Supremo. Se plantaba, por primera vez, un conflicto de competencias al entender que la jueza se había extralimitado en su potestad y que estaba invadiendo el fuero del Gobierno.

La tensión entre ambas partes ha empujado finalmente el asunto hacia un árbitro judicial que tendrá que resolver si la jueza está invadiendo competencias exclusivas del Gobierno andaluz, o si la Junta está obstruyendo una investigación judicial. Alaya será quien eleve el caso al Supremo, pero hasta que el Alto Tribunal resuelva, la magistrada ha exigido de forma cautelar a la Junta las actas selladas para custodiarlas en el juzgado los dos o tres meses que tarde en llegar la resolución. Aparentemente la titular del juzgado 6 no se fía de que el Gobierno andaluz manipule su contenido, algo que dejó claro en su último auto al justificar el sellado de las actas en la necesidad de "salvaguardar los fines de la investigación, es decir, para evitar, también en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas". Este comentario llevó a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, a denunciar por primera vez un "juicio crítico" contra el tono severo de la jueza. Moreno reconoció que le parecía bien que pidiese las actas "lacradas", porque así preservaba la "confidencialidad" de las mismas, pero mostró su malestar por las insinuaciones de la jueza. "No voy a ocultar que tengo una consideración muy crítica sobre algunas de sus valoraciones", dijo.

En el último auto la magistrada también exige las actas de las consejos de dirección de Presidencia, Innovacion y Economía y Hacienda y las reuniones de la agencia IDEA, antiguo IFA, que gestionaban la concesión de ayudas a empresas en crisis. De negarse a esto último, tratándose en este caso de documentos públicos, la Junta incurriría en un delito de desobediencia, recordó Alaya. Toda esa documentación ha sido ordenada y almacenada en cajas que llegarán hoy a los juzgados en un camión.

Griñán, que ayer se encontraba en Almería, dijo que tenía "confianza en la Justicia y en que nadie abrirá las actas mientras estén en el juzgado". Al presidente lo abordaron por primera vez los periodistas, preguntándole por las consideraciones de la jueza Alaya en sus autos. Pero Griñán eludió polemizar con los juzgados. "Lo que está en los juzgados tiene trámites judiciales y no políticos", dijo, y añadió que no corresponde realizar ninguna "consideración política" acerca de lo expresado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

El PSOE-A exige investigar a un intruso del PP de Jaén

El PSOE-A exigió ayer en el Parlamento que se investigue la inclusión en el expediente de regulación de empleo (ERE) que se hizo en el año 2008 en la empresa Gres de Vilches de Ramón Polo Bernardo, exconcejal del PP en La Carolina (Jaén) y actualmente asesor del alcalde de la localidad, también del Partido Popular. El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, manifestó que es necesario saber si Ramón Polo, que sólo estuvo trabajando 170 días en esa empresa, cumplía todos los requisitos para poder prejubilarse, y si lo hizo siendo concejal o diputado provincial. "Queremos conocer las conexiones que permitieron que este trabajador pudiera prejubilarse", dijo Jiménez, quien recordó que el ERE de la citada empresa está siendo objeto de investigación judicial y que el caso concreto de Ramón Polo está entre los que se han calificado de "discordantes".

Jiménez añadió que quieren saber si hay una "implicación directa del Partido Popular" en este asunto y si hubo alguna "gestión de algún dirigente" de ese partido. Para el portavoz del PSOE en el Parlamento, este asunto "pone en cuestión algunas afirmaciones que se han producido con respecto a que las cuestiones relacionadas con los expedientes de regulación de empleo eran algo que se montaba para beneficiar al partido del Gobierno andaluz".

El diputado socialista confió en que el PP andaluz dé las "explicaciones pertinentes". Por último Jiménez restó importancia al hecho de que se haya admitido a trámite la querella que el PP ha presentado contra varias personas por el asunto de las irregularidades en los ERE. El dirigente socialista dijo que el Gobierno está "siendo respetuoso con la juez y con la instrucción" judicial y pidió a la jueza que también sea respetuosa con el Ejecutivo andaluz.

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