La jueza Mercedes Alaya, que investiga un presunto fraude en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sufragados por la Junta, dirige ahora su investigación hacia las ayudas concedidas a seis ayuntamientos andaluces, supuestamente autorizadas por el socialista José Antonio Viera, y que salieron del fondo para empresas en crisis. Alaya persigue además aclarar las subvenciones concedidas a otras 15 empresas, de nuevo vinculadas la Sierra Norte de Sevilla. Fuentes socialistas remarcaron ayer que esta documentación obra en las actas de los consejos de Gobierno, que ya están en manos de la jueza.
La magistrada dictó un auto el 27 de septiembre, que notificó ayer martes, en el que ordena a la Junta que aporte copia "íntegra y testimoniada" de esos 21 expedientes. La instructora menciona el escrito presentado por el procurador del PP andaluz -que se personó en la causa como acusación particular-, "de cuyo contenido se vienen haciendo eco numerosos medios", para justificar ese requerimiento al Gobierno. El representante legal de los populares remitió a los tribunales la información que el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, viene haciendo pública en las últimas semanas contra el secretario general del PSOE de Sevilla y candidato al Congreso, José Antonio Viera. Los socialistas denuncian una "cacería política". Los populares han difundido diversas actas que recogen la firma de José Antonio Viera como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), cargo que ostentaba al ser consejero de Empleo, y que acreditan, supuestamente, que fue él quien autorizó estas ayudas que la magistrada va a investigar.
La jueza pide los expedientes de las ayudas concedidas a seis ayuntamientos, todos gobernados en aquel momento por los socialistas: Camas (Sevilla), 60.000 euros; Coria del Río (Sevilla), 132.000 euros; Chiclana (Cádiz), 24.000 euros; La Barca de la Florida (Cádiz), 18.000 euros. También pide datos sobre la ayuda de 120.000 euros que recibió el ayuntamiento de Alcolea del Río (Córdoba) y 78.130 euros de La Puebla del Río (Sevilla). Según las actas difundidas por el PP y que maneja la jueza, todas esas ayudas salieron de la partida 31L del Presupuesto, destinada a prejubilaciones y empresas en crisis.
De igual modo Alaya exige información al Gobierno sobre las ayudas concedidas a 15 empresas desde 2003 a 2007, con cuantías que oscilan desde los 270.000 a un millón de euros. La mayoría son empresas radicadas en la Sierra Norte de Sevilla, zona en la que ejerció su influencia el exdirector general de Empleo Javier Guerrero, principal imputado en esta "trama" y quien denunció ante la jueza la existencia de "un fondo de reptiles". También reclama información al Registro Mercantil de Sevilla.
Colaboración. El auto sigue al del 4 de septiembre, en el que Alaya reclamó a la Junta documentación sobre los Expedientes de Regulación de Empleo de otras 40 empresas. El supuesto fraude se extiende ya sobre más de cien empresas. La Consejería de Empleo detectó en una investigación interna 73 falsos prejubilados.La jueza ha tomado declaración a varios imputados, vecinos y amigos del exdirector que supuestamente lideró la trama, y ahora cita a otro acusado, Antonio A.G., que se benefició de una póliza "sin que conste solicitud ni concesión de la subvención". También extiende la investigación sobre los servicios del abogado jerezano Ignacio Vergara Ivison por importe de 150.000 euros.
