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La jueza del caso ERE investigará la compra de cocaína con dinero público

El conductor del exdirector general de Trabajo, principal acusado del fraude de ayudas, dice que se gastaron en fiestas y drogras

el 09 ene 2012 / 15:48 h.

El exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, junto al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. / EFE

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, principal acusado del fraude masivo en las ayudas al empleo (caso ERE), utilizó las subvenciones públicas para comprarse cocaína, "ir de fiestas y salir de copas". Así se desprende de una denuncia formulada por el que fuera su chófer personal en la Consejería de Empleo desde finales de 2002 en adelante. El conductor de Guerrero presentó su denuncia el pasado 15 de diciembre en un juzgado de Andújar (Jaén) y ayer la juez que instruye el caso ERE desde un tribunal en Sevilla, Mercedes Alaya, solicitó al juzgado jiennense que se inhibiera en el asunto, al considerar que está estrechamente relacionado con el fraude en las ayudas a empleo que ella investiga desde el 26 de enero de 2011. El abogado de Guerrero explicó ayer que la acusación del chófer es "mentira y absolutamente falsa" y que su cliente piensa querellarse contra él.

Todos los partidos calificaron de "gravísima" la denuncia contra un exalto cargo de la Junta que durante diez años trabajó con tres consejeros de Empleo distintos: Guillermo Gutiérrez (que le nombró director general de Trabajo y con quien trabajó sólo unos meses), José Antonio Viera y Antonio Fernández, éste último también imputado en la causa.

El chófer de Guerrero compareció ante la Policía Judicial de Jaén en calidad de imputado por un supuesto delito de fraude de dos subvenciones en 2004 (cada una por valor de 450.000 euros). La primera se destinó a crear una empresa de muebles y una oficina de asesoramiento empresarial (Iniciativas Turísticas Sierra Morena S.L.) y la segunda para impulsar un negocio de casas rurales en la sierra de Andújar (Lógica Estratégica Empresarial S.L.). Según su declaración, que ayer adelantaron El Mundo y Abc, el conductor había trabado amistad con Guerrero. Después de un año, éste le enseñó a solicitar las ayudas para el empleo, que más tarde el propio exdirector general autorizaba con su firma. Una parte de los 900.000 euros se usó para justificar el objeto de las ayudas, pero otra, según el conductor, "se la dio en mano a su jefe" (sin precisar qué cantidad). "A solicitud" del propio Guerrero, el chófer reconoció que "le compró varios efectos, como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa", aunque "la mayor parte" fue para comprar cocaína "para su jefe y para él".

El exchófer trabajaba como personal laboral fijo en la Junta desde 1989. A principios de 2003 "entabla una relación de amistad" con Guerrero y, una tarde, estando en un local de copas "a los que era aficionado" su jefe "y a los que acabó aficionándose" él mismo, "le comentó la potestad que tenía como director general de conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada". Guerrero "le dice que o bien le dé unos nombres para concederles subvenciones o bien que creara unas empresas para concedérselas a él".

A partir de ahí, el chófer creó las dos empresas ya mencionadas. La documentación para solicitar las ayudas las preparó él mismo "conforme a las directrices que le marcó" su jefe, "consistente en un par de folios en cada uno de los expedientes, que teóricamente contenían un plan de viabilidad de un negocio, y se lo entregó en mano" a Guerrero. Transcurrieron "unos meses y un año" hasta que le ingresaron el dinero de las subvenciones. El chófer culminó su declaración asegurando que "no tiene relación con Guerrero" desde hace un año, y entregó voluntariamente una pistola con empuñadura de madera la cual, según dijo, "se la dio un guardia civil hará unos cinco años y le dijo que estaba inutilizada".

Reacciones. Con su declaración, el exchófer de Guerrero ha magnificado la trama de los ERE, que desde hace más de un año es una de las principales losas que arrastra el Gobierno andaluz y la principal arma del PP-A, que está personado en la causa. Los populares arrojaron ayer una ristra de calificativos para denunciar el caso: "estupor, mazazo, absolutamente indecente, intolerable". El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, responsabilizó a Griñán de esta vuelta de tuerca en el caso. "Parece una película siciliana de la mafia. Este capítulo de los ERE inaugura una nueva etapa. Lo peor está por llegar y aún no ha dimitido nadie", dijo Sanz. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que los candidatos a ser secretario general del PSOE "deberían exigir explicaciones" a Griñán, más aún por la "dolorosa" situación de los parados, "que ven que estos fondos se destinarán a menesteres bien poco edificantes".La secretaria de Organización del PSOE-A, Susan Díaz, también aseguró que "tienen que pagar los culpables", y aprovechó para insinuar que Javier Arenas (PP-A) conocía el asunto un día antes de que se hiciera público, por una "acusación velada" que hizo durante un acto el domingo.

Otra serpiente para el “fondo de reptiles”

La jueza Mercedes Alaya vinculó ayer la denuncia del exchófer de Francisco Javier Guerrero y otras que tramita el TSJA al caso de los ERE, cuyo objeto de investigación es prácticamente el mismo: el uso ilegal de los fondos públicos gestionados por la Consejería de Empleo. La investigación de Alaya abarca diez años, de 2001 a 2010, en los que la Dirección General de Trabajo, que dirigía Guerrero, autorizó ayudas a parados y expedientes de regulación de empleo (ERE) con un procedimiento supuestamente arbitrario y sin control. En ese periodo Guerrero fue el responsable directo de un fondo de 647 millones de euros para ayudas. En su primera declaración policial como imputado en el caso ERE, el exdirector de Trabajo admitió que esa partida se venía utilizando como un “fondo de reptiles”, aplicando un sistema “irregular”, según advirtió más tarde la Intervención General, para así agilizar la entrega de ayudas a parados y empresas en crisis. Por medio de este procedimiento se concedieron subvenciones a personas afines, amigos y empresas vinculadas a Guerrero, la mayor parte ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, y también se benefició a falsos prejubilados o intrusos (personas que fueron incluidos en EREs sin haber trabajado nunca en esas empresas). El Gobierno andaluz inició su propia investigación interna y reveló un fraude de más de nueve millones de euros, 72 intrusos y 111 irregularidades administrativas. La Junta apunta a Guerrero como el principal autor del caso ERE, y circunscribe el fraude a los pueblos de la Sierra Norte. Pero el PP pide que se diriman responsabilidades políticas y apuntan directamente a los titulares de la Consejería de Empleo desde 2001 (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández). Para los populares, la responsabilidad última del asunto es el presidente Griñán, que en aquella época era consejero de Hacienda y “no impidió o permitió” el uso ilegal de las ayudas. Alaya, en sus últimos autos, también intenta esclarecer si el Consejo de Gobierno y, concretamente Griñán, conocían o autorizaron el fraude. Por ahora hay una veintena de personas imputadas.

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