(Vídeo: Charo Morales / B.M.)
"No fue una orden inmediata a Educación". La jueza que permitió expulsar a la niña del colegio Antonio Machado asegura que ella sólo retiró la medida cautelar que permitía a Ángela seguir en su escuela, pero la Junta podía haber ejecutado la expulsión "antes o después, según su criterio". En unos días la niña habría terminado los exámenes y el curso.
¿Por qué Educación no ha esperado unos días más, hasta que hubiera acabado el curso, para expulsar a Ángela? ¿Por qué no dejarla hacer los exámenes finales en su colegio y con los maestros con los que ha estudiado todo el año? En parte, porque un auto judicial levantó las medidas cautelares por las que la niña estaba escolarizada en el centro concertado Antonio Machado, en Sevilla Este. Eso ocurrió hace menos de un mes, el 21 de mayo. Lo que hizo el auto fue desatascar una resolución del delegado de Educación Jaime Mougan en la que se decía que Ángela debía salir de su escuela, porque en un proceso judicial anterior se había demostrado que mintió en su matrícula para lograr plaza. Mougan firmó esa resolución el 22 de mayo, al día siguiente de recibir el visto bueno de la jueza.
La dirección del colegio Antonio Machado recibió la orden el 27 de mayo, y se la comunicó a los padres el 2 de junio. Hasta aquí todos hicieron lo que tenían que hacer, todas las decisiones iban encaminadas a expulsar a Ángela de su escuela y todas estaban respaldadas por un papel, un documento y una firma. Pero la niña siguió en su clase. Ni el auto de la jueza ni la resolución del delegado se ejecutaron, seguramente porque Educación entendió que la niña podía terminar sus exámenes y acabar el curso donde estaba, porque hacerla salir dos semanas antes de terminar le hubiera causado un perjuicio mayor. Por eso se hizo la "vista gorda", como dijo la madre de Ángela, María Ángeles Pardo. Pero al hacerse pública la historia, Educación se apresuró a sacar a la niña de su centro y matricularla en otro colegio público cercano, el Jacarandá.
La jueza del Contencioso Administrativo 6, que llevaba el caso de Ángela, Isabel Castillo, explicó ayer a El Correo que su auto "sólo inadmitía el recurso de la familia permitiendo a la administración ejecutar su resolución, pero no fue una orden inmediata a Educación. En un auto no ordeno nada. Sólo se dio vía verde para ejercer la función administrativa, y Educación puede hacerlo antes o después, según su criterio. Depende del caso y de cada administración. Hay autos que permiten demoler una obra ilegal y, sin embargo, se tarda años en hacerlo".
En su último auto, la jueza retiró las medidas cautelares a Ángela porque "cuando el colegio les comunicó a sus padres que la niña debía abandonar el centro, éstos recurrieron esa comunicación directamente ante el Contencioso, sin agotar la vía administrativa". Los padres de Ángela tuvieron 15 días para recurrir la decisión en la Delegación de Educación, pero no lo hicieron. Fueron directamente a los juzgados, y eso permitió reabrir el proceso (6 de octubre de 2008) y que la magistrada permitiera a Ángela volver a su colegio de forma cautelar. Pero a la larga, el auto se resolvió por un defecto de forma y, "sin entrar en el fondo del asunto", se suprimieron las medidas cautelares que dejaron a la niña en su escuela.
Ángela entró en el Antonio Machado en 2004, y ese año una familia la denunció por fraude. Cinco años después, en plenos exámenes finales, ha sido expulsada.
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