La jueza Mercedes Alaya, que instruye diligencias por la supuesta trama fraudulenta tejida con ayudas de la Junta, dio un giro más en el caso de los ERE al imputar al actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, miembro del equipo del consejero de Empleo, Manuel Recio. Es el primer alto cargo imputado nombrado directamente por el Gobierno de José Antonio Griñán, que considera "infundada" su inculpación. Llegó a la dirección general en abril de 2010, tomando el relevo a Juan Márquez, que había ocupado ese sillón un año y también fue imputado ayer. Son ya cinco los imputados altos cargos de la Junta. Entre ellos tres directores generales, estos dos y el supuesto cabecilla, Francisco Javier Guerrero. Éste declarará el 23 de febrero, a un mes de las autonómicas. Guerrero, un día antes de este auto, declaró voluntariamente por seis horas ante la Guardia Civil apuntando a sus superiores, los consejeros Antonio Fernández -imputado- y José Antonio Viera. También estaba imputado el exdelegado de Empleo en Sevilla, AntonioRivas.
En un denso auto de 42 folios, que había generado una gran expectación, Alaya describe una amplia trama que crece. No solo hay falsos prejubilados en los Expedientes de Regulación de Empleo financiados con fondos públicos. Participan políticos, empresarios, sindicalistas, abogados y directivos de las compañías de seguros, que -según la jueza- habrían estado cobrando comisiones disparatadas, muy por encima de la media del mercado. Imputa a dos sindicalistas de CCOO, a dos abogados del despacho de Garrigues y a otros dos del bufete Villasís, y a directivos de las aseguradoras Uniter y Vitalia, que sitúa en un lugar preferente en esta supuesta trama.El director general de Trabajo es imputado por haber ordenado pagos de la póliza de la empresa Surlocor. Sostiene la magistrada que, a pesar de que dice tener en un su poder "el expediente completo" de la ayuda, facilita el pago a 26 prejubilados, cuando los despedidos fueron 24. Tanto Rivera como su antecesor, Juan Márquez, -dice el auto- "pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer" a la empresa. La magistrada, que no imputa delito concreto al director general, subraya además que autorice esos pagos "con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud". Autoriza pagar 175.998 euros amparándose en la Ley de Subvenciones, "cuando en virtud de la misma él no sería competente". En Surcolor se colaron dos intrusos, ambos vecinos de la localidad sevillana de Camas y uno de ellos familiar del exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado y alcalde de la localidad diez años. Rivas dimitió tras su imputación.Alaya también ordena investigar la resolución firmada por el responsable de Trabajo atendiendo una solicitud de la empresaria Encarnación Poto, presidenta de Acyco, también imputada en el supuesto fraude. Esta mujer se colocó como prejubilada en un ERE en 2003 aunque siguió su relación laboral con la empresa hasta 2011. Pidió una ayuda excepcional supuestamente destinada a mantener 144 puestos de trabajo, cuando en realidad iba destinada a pagar una minuta al despacho de Garrigues, relata el auto. Y se embolsó un dinero extra inflando una factura con un 16% de IVA que no correspondía. Está igualmente imputado el abogado de Acyco.
La magistrada ordena investigar por qué Rivera ordenó abonar 109.620 euros como si fuera una ayuda para el mantenimiento de puestos de trabajo cuando "la cantidad coincide exactamente con la minuta de honorarios de Garrigues" y se usó "para el abono de dicha minuta"."Sorpresa". La Junta envió un comunicado defendiendo la gestión del director de Trabajo. Manifestó su "sorpresa" por una imputación "poco sostenible y escasamente fundada". Asegura que Rivera "viene dedicando buena parte de sus esfuerzos desde su nombramiento a esclarecer el caso".En cuanto al anterior director general, Alaya considera probado que Juan Márquez "presuntamente era consciente" de la inclusión de dos intrusos, ya inculpados, en el ERE de Acerinox. Uno era el exdelegado Provincial de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés. De acuerdo con Guerrero y Rivas, dice el auto, Márquez se ofreció a "solucionar el problema" y "revistió de apariencia de legalidad" esta ayuda. Igualmente ordenó pagos del ERE de 24 trabajadores de la empresa Aglomerados Morell, con dos intrusos, cuyo presidente y administrador están también imputados. Como Guerrero, dice el auto, Márquez ordenó el pago "injustificado" de "importantes sumas" mediante el "desvío de fondos o pagos cruzados" a la empresa Río Grande.
