La jueza Mercedes Alaya ha solicitado a la Justicia belga que lleve a cabo el registro de la sede central en este país de una aseguradora de algunas de las pólizas destinadas a pagar las prejubilaciones de ERE subvencionados y en los que se han hallado irregularidades. La magistrada habría tomado esta decisión al considerar que no le ha sido entregada parte de una documentación necesaria para la investigación del caso.
Según confirmaron fuentes judiciales, la titular del Juzgado de Instrucción 6 ha solicitado la denominada comisión rogatoria, un trámite que supone dirigirse a una autoridad judicial extranjera para que ejecute un acto de instrucción o practique otra diligencia. Una solicitud que la jueza ya tramitó en su día y que ahora ha vuelto a reiterar.
Todas las fuentes consultadas apuntan a la que la empresa en la que Alaya quiere practicar el registro es Apra Leven, una de las aseguradoras que se hizo cargo de las pólizas de algunos de los ERE, y que es la única con sede fuera de España. Se da la circunstancia, además, de que esta entidad entró en quiebra y ha suspendido los pagos a los trabajadores de las empresas afectadas, entre ellas, la empresa malagueña Hitemasa, en la que se han detectado hasta once posibles falsos prejubilados. Precisamente, los extrabajadores de esta empresa acudieron ayer al Pleno del Parlamento andaluz para protestar por los impagos tras la quiebra de la aseguradora. Las fuerzas de seguridad los desalojaron de la tribuna de invitados y continuaron su protesta en la calle.
Juristas consultados por este periódico explicaron que al tratarse de un país de la Unión Europea la jueza solo tiene que solicitar la comisión rogatoria al juzgado pertinente, sin necesidad de que intervenga ningún otro órgano. De hecho, sería la propia Justicia belga la que acometa el registro, aunque si quisiera podría desplazarse ella misma para dirigirlo, una posibilidad que se antoja remota.
Apra Leven solicitó personarse como perjudicada en la causa judicial. Sin embargo, la magistrada rechazó la personación de esta entidad aseguradora, alegando que de lo investigado hasta ahora "no se conoce con claridad las circunstancias relativas a su participación en los hechos" y, por tanto, si debe estar en la causa como parte afectada o con otra "condición" -que podría ser imputada-. Una situación que, según la jueza, se aclarará conforme "avance la investigación".
De hecho, la Policía Judicial continúa con su trabajo recabando información y tomando declaración como detenidos a las personas que aparecen de forma irregular en los expedientes. Ya serían unas 32 personas las que han pasado por la Policía en esta calidad y, según las fuentes, la jueza continúa enviando notificaciones de imputación a través de burofax. De esta forma, ya podría haber 14 imputados en la causa, entre los que figura el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, aunque en los próximos días podría aumentar el número, conforme avance la instrucción.
Ninguno de estos implicados en el caso ha sido citado por ahora a declarar ante la magistrada, que solamente se está limitando a comunicar las imputaciones por la vía del burofax. En estos escritos, la jueza les avisa que pueden personarse en la causa y designar abogado y procurador.