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La jueza quiere ver el contrato con Sogecable

La instrucción de la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por un presunto delito societario, que el miércoles adquirió un nuevo cariz orientado a la investigación de lo que ocurrió en 1992, dio ayer otro giro al conocerse que la jueza quiere examinar el contrato del Betis con Sogecable.

el 16 sep 2009 / 08:31 h.

La instrucción de la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por un presunto delito societario, que el miércoles adquirió un nuevo cariz orientado a la investigación de lo que ocurrió en 1992, dio ayer otro giro al conocerse que la jueza quiere examinar el contrato del Betis con Sogecable. La finalidad, otra vez, es comprobar si hay relación entre el club y Tegasa.

La jueza Mercedes Alaya ha emitido un auto en el que admite las pruebas propuestas por las asociaciones demandantes, Por Nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos, relativas a la venta de los derechos televisivos del club para el periodo comprendido entre 2009 y 2014. En el auto, revelado ayer por Europa Press, se ordena a la Unidad Central Operativa del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil que se dirija a los representantes legales de Encadesa y del Betis "para que aporten a la mayor brevedad el contrato firmado entre esa sociedad y Sogecable el 22 de octubre de 2007".

Igualmente se insta a la Guardia Civil para que requiera al presidente del Betis, José León, con el fin de que también "a la mayor brevedad aporte copia, debidamente legitimada por el secretario del consejo de administración, del libro de actas" de la sociedad "desde su constitución hasta el día de la fecha".

Todo ello nace de la necesidad, defendida por las entidades opositoras, de "conocer si siguen existiendo relaciones contractuales" entre el Betis y las empresas Tegasa y Encadesa "con posterioridad al 1 de julio de 2008". Es decir, si las mencionadas empresas continúan vinculadas a la gestión del club. "Es de especial interés para la instrucción de la causa", añade el auto.

LA CLÁUSULA DE FARUSA. El dato trasciende un día después de que la Benemérita interrogase a algunos de los que fueron directivos del Betis en 1992 para que aclarasen el destino de un crédito de 308 millones. El club reaccionó ayer y se remitió a un documento en el que Farusa se comprometía a comprar a esos directivos las acciones adquiridas con ese dinero. Luego las revendió "voluntariamente" a los béticos que quisieran, aunque según una cláusula adicional no estaba obligada a hacerlo.

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