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La jueza reclama a Zoido datos de un ERE irregular de la etapa del PP

Alaya investiga prejubilaciones irregulares en Minas de Ríotinto en 2002, cuando él era delegado del Gobierno en Andalucía

el 15 nov 2011 / 17:05 h.

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Juan Ignacio Zoido.

El último auto de la jueza Mercedes Alaya desató ayer la inquietud de costumbre en el Gobierno andaluz, pero esta vez también contagió al PP, que está personado en el caso del supuesto fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 anunció dos nuevas líneas de investigación: una, a petición de los abogados del PP, indaga en la responsabilidad política máxima entre los miembros de la administración que autorizaron las ayudas públicas objeto del fraude (desde la Dirección General de Trabajo hasta el entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán). Y la otra se centra en un informe remitido por los representantes legales de la Junta, que apunta a un supuesto fraude en el ERE de una filial de Minas de Río Tinto, aprobado en 2002 por un Ejecutivo del PP y firmado por el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, hoy alcalde de Sevilla.

Este informe, bajo el nombre Faja Pirítica de Huelva, incorpora una entrevista al exdirector general de Minas de Ríotinto, Carlos Estévez, publicada el 20 de febrero de 2010 en el diario gratuito Viva Cádiz. En el artículo, la jueza descubre que "intencionadamente en los ERES, o en las ayudas sociolaborales de las minas andaluzas, se produjo con conocimiento de todas las partes implicadas, un aumento de los coeficientes reductores por peligrosidad a fin de disminuir la edad de prejubilación". Es decir, el grado de riesgo que desempeñaban algunos trabajadores en la mina les permitía retirarse antes. El problema es que esos índices de peligrosidad pudieron aplicarse de forma genérica, incluso para aquellos que hacían "únicamente labores administrativas". En las empresas mineras trabajaban 796 empleados, y el ERE se negoció entre firma, sindicatos, Gobierno autonómico y central.

La jueza Alaya incorpora a esta investigación el acuerdo marco en el que aparecen las condiciones del ERE, firmado el 11 de septiembre de 2002, donde se recogen los compromisos contemplados en el Plan Único del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza (Huelva y Sevilla). Alaya asegura haber buscado "en varias fuentes de datos" este acuerdo, pero sin éxito. Dando por hecho que el fraude, de existir, nace de dicho plan, solicita a sus responsables que le envíen una copia. "Dicho plan fue suscrito en la etapa en la que el PP ostentaba el Gobierno de la Nación, constando la personación en la causa de don Antonio Sanz [secretario general del PP-A] y don Juan Ignacio Zoido como representantes del PP en Andalucía", requiere a ambos que le aporten el referido plan. La jueza también lo pide a la Junta.

El PP interpretó ayer que el requerimiento de Alaya había sido un "error", porque Sanz y Zoido son quienes están personados en el caso ERE en nombre del partido. Los abogados del PP remitieron un escrito al juzgado acusando "el error padecido al confundir la Administración General del Estado con un partido político". Fuentes del PP confirmaron ayer que Zoido no conserva ninguna documentación de su paso como delegado del Gobierno en Andalucía.

Alaya también ha solicitado al antiguo INEM de Huelva una relación de los cargos que ocupaban los 796 empleados de las minas, junto con los coeficientes reductores de la edad de jubilación por peligrosidad. Además solicita que de forma "urgente" la Compañía Generali Seguros -que gestionó las pólizas de los empleados de las minas- "remita las condiciones generales, particulares, boletines individuales y suplementos" de hasta ocho pólizas en las que las entidades tomadoras son la Faja Pirítica de Huelva (en cinco de ellas); la asociación Faja Pirítica de Huelva (en otras dos) y UGT, en una sola.
El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, aseguró ayer que la jueza Alaya con su último auto ha metido "claramente en el caso al Gobierno de Aznar, a Arenas y a Zoido", ya que el propio Zoido "ha asumido la responsabilidad directa en el listado de prejubilables al manifestar reiteradamente los cerró personalmente".

En el auto de 51 páginas dictado el 10 de noviembre, la  jueza Mercedes Alaya reclama la “vida laboral” e ingresos percibidos desde la Administración autonómica por la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), para la que ha trabajado una hija del expresidente andaluz, vicepresidente segundo del Gobierno, ministro y presidente federal del PSOE, Manuel Chaves. El caso Matsa, al que el Tribunal Supremo dio cerrojazo, ha servido de munición política al PP para cargar duramente contra Manuel Chaves. Los socialistas siempre han cerrado filas con el expresidente andaluz y achacan la “campaña de acoso y derribo” del PP a sus intentos de “desprestigiar el honor” y la carrera política de Chaves.
Este caso tiene un largo recorrido en los tribunales. En septiembre, el Supremo revocó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de ordenar al Consejo de Gobierno andaluz la apertura de un expediente sancionador a Chaves en relación con las ayudas recibidas por la empresa Matsa, de la que su hija era apoderada. El Supremo entendía que los recurrentes ante el TSJA (el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, entre otros) carecían de legitimación para interponer ese recurso y por ello dio la razón a la Junta.

La magistrada retoma el caso Matsa, cerrado por el Supremo

El pasado 15 de enero, el TSJA, tras estimar un recurso del PP, ordenó abrir un expediente sancionador a Chaves por no inhibirse en la concesión de una ayuda a Matsa. La sentencia consideraba “arbitrario e injustificado” el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 31 de julio de 2009 en el que decidía no incoar expediente sancionador al expresidente. Ese acuerdo del Gobierno andaluz, presidido por José Antonio Griñán, fue motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no apreció indicios de infracción contra el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta, tal y como consideraba el PP en su denuncia.

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