La juez del caso Mercasevilla ha pedido un nuevo informe de voz sobre la grabación en la que presuntamente se pidieron comisiones ilegales, que ahora realizará la Guardia Civil después de que la Policía haya determinado que su mala calidad impide identificar a los participantes.
La grabación fue hecha el 27 de enero de 2009 por los dos empresarios del Grupo La Raza que han denunciado que los directivos de Mercasevilla imputados en la causa les pidieron una comisión ilegal de 450.000 euros como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería que iba a instalarse en el mercado central sevillano.
La Unidad Central de Criminalística de la Policía intentó hacer un análisis e identificación de las voces pero concluyó que la grabación presentaba una calidad "insuficiente para la realización de un informe pericial" debido a "las características del entorno acústico donde se desarrolla la conversación, el ruido ambiental y la posición en segundo plano de las personas de interés".
A la vista de dicho informe policial, la juez de instrucción 6 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, encarga un segundo análisis al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, cuyo objeto es que sea "complemento a las pruebas practicadas y con el fin de comprobar el hecho justiciable y las personas objeto de imputación".
La juez pide a la Guardia Civil que, en primer lugar, informe sobre la calidad de la grabación de la reunión celebrada el 27 de enero de 2009, y en caso de que reúna las condiciones adecuadas, "en un segundo informe proceda al análisis de la grabación y se identifique a las personas que participaron en ella".
Para ello, requiere a la Policía que reclame a los empresarios denunciante el soporte original del archivo de audio.
En esta rama del caso Mercasevilla están imputados los ex directivos de la empresa mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce, la funcionaria M.R.P. y el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
La juez basa su decisión en la Ley del Jurado por la que será enjuiciado el caso, que prevé que el propio juez instructor, como complemento de las pruebas solicitadas por las partes, puede encargar "las diligencias que estime necesarias, limitadas a la comprobación del hecho justiciable y respecto de las personas objeto de imputación por las partes acusadoras".
Frente a esta rama que se encuentra en la fase final de instrucción, la juez amplió el pasado 19 de mayo la relativa a la "adjudicación fraudulenta" de la venta de los terrenos de Mercasevilla a lo que denominó una "amalgama de hechos de gestión desleal" en Mercasevilla.
