Según explicó el abogado de Carmen Espejo, Enrique Carrasquilla, a Europa Press fue en septiembre cuando el departamento que dirige Micaela Navarro abonó a Carmen Espejo y a su familia estos 140.000 euros, cumpliendo así con la sentencia emitida por el TSJA, que posteriormente fue recurrida en casación por esta madre ante el Tribunal Supremo (TS).
En este sentido, Carrasquilla puso de manifiesto que se encuentra a la espera de que el Supremo admita a trámite este recurso, confiando en que así sea y con ello se "revise" el caso y la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que obligó a la Administración autonómica a pagar 140.000 euros, cuando Carmen Espejo solicitaba 1,8 millones de euros como indemnización.
La sentencia establece que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social indemnice con 40.000 euros a Carmen Espejo y a cada una de sus hijas, mientras que para la abuela de las niñas fijó una cuantía de 20.000 euros. El letrado de Carmen argumentó en su recurso que el fallo del TSJA "omite toda base de cuantificación de la indemnización", además considera que la cuantía establecida "es desproporcionadamente baja, irracional, arbitraria e ilógica".
Asimismo, explicó que el recurso presentado "no va formalmente encaminado a obtener un mayor quantum indemnizatorio, pues la fijación de cantidades por estos conceptos es competencia exclusiva y soberana del tribunal de instancia", sino que, en el caso de que prosperen nuestras alegaciones y el Supremo estime el recurso, en ese caso sí tendría que entrar en el fondo de la cuestión, reexaminar los hechos y sus circunstancias y, con ello, sería posible una revisión de la cantidad fijada en el fallo del TSJA", señaló el abogado.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló a favor de Carmen Espejo el pasado mes de mayo, estableciendo una indemnización de 140.000 euros en lugar de los 1,8 millones de euros que reclamaba la madre.
El letrado de la mujer recurrió al Supremo solicitando la citada cuantía, tras lo que el TSJA emitió un auto por el que requería a la Junta de Andalucía que acatara la sentencia dictada y procediera a pagar los 140.000 euros a Carmen y su familia por los daños y perjuicios causados tras serle retirada la custodia de sus dos hijas en el año 2000 y no poder recuperarla hasta 2006.
En este auto, el TSJA acordaba por tanto la ejecución provisional de la sentencia, hasta que el Supremo se pronunciara definitivamente sobre el caso y requería a la Administración autonómica para que procediera al pago de las cantidades establecidas, sin prestación de caución o garantía como pedía la Junta.
