Una de las múltiples protestas de los vecinos adjudicatarios de las viviendas de la CEA. / Javier Cuesta
La Junta ha abierto un expediente sancionador al llamado banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), por tener al menos 911 viviendas protegidas en sus balances que no han puesto a disposición de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de VPO como manda la ley. Las posibles sanciones ascienden a un máximo de 109,44 millones.
La Consejería de Fomento y Vivienda abre esta vía sancionadora después de que el Gobierno de la Nación haya recurrido la Ley de Medidas para asegurar la Función Social de la Vivienda, la llamada ley antidesahucios. Precisamente en ese recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que ha supuesto la paralización de las principales medidas de la norma andaluza para evitar los desahucios se basa la Junta para sancionar al banco malo. El Gobierno adjuntó entre su documentación un informe de la Sareb titulado Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía que señala que «en torno a un 12% de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en territorio andaluz», un total de 6.379 viviendas. En su desglose señala que 4.473 son vivienda libre de primera residencia; 995 de segunda residencia y 911 vivienda protegida.
El recurso interpuesto contra la ley antidesahucios de Andalucía ha paralizado de forma cautelar alguno de sus principales puntos. La Junta no puede sancionar a las entidades financieras por tener viviendas vacías durante más de seis meses ni puede expropiar a los bancos los pisos de familias que vayan a ser desahuciadas y estén en situación de exclusión social. Sin embargo, los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones frente a la vivienda protegida están «plenamente vigentes», recuerda la Consejería. Ahí se agarran para abrir expediente sancionador al banco malo.
La ley andaluza de VPO, de 2005, señala que todas las entidades financieras están obligadas a aportar a la administración pública un inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. Esta obligación fue también recogida en la reciente ley antidesahucios. Por este motivo la Sareb se expone a una multa de 120.000 euros. La segunda sanción se basa en la obligación de la entidad de poner sus viviendas a disposición de los registros públicos municipales, donde estas viviendas deben adjudicarse conforme a los criterios y requisitos legalmente fijados. Esta sanción puede alcanzar los 109,32 millones.
La Consejería de Fomento informó de que el pasado 20 de enero envió un requerimiento al llamado banco malo. La sociedad Sareb informó ayer de que presentará alegaciones a los dos expedientes administrativos abiertos por la Junta. Un portavoz informó a Efe de que ya han explicado a la Junta que en apenas dos meses recibió 200.000 activos inmobiliarios y ha necesitado más de un año para completar la información sobre los mismos y poder registrarlos. Esta «peculiaridad», alegan, hace que no se puedan cumplir en plazo todas las exigencias legales. En paralelo a la labor de encontrar compradores para sus activos, inciden, el banco malo debe registrar cada propiedad, inscribirla en el catastro y dar cuenta a las instancias autonómicas correspondientes. Hasta el momento, señalan desde la sociedad, todas las administraciones han entendido que «los plazos son imposibles de cumplir».
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), insistió ayer en que las viviendas de protección oficial en Andalucía que están en venta son «para que se haga efectivo el derecho humano a la vivienda». «Las VPO no están en venta en Andalucía para ningún salón inmobiliario», declaró a los periodistas.Recordó que estas viviendas «son financiadas con dinero público, precisamente para hacer posible este derecho». «Desde la consejería de Fomento y de Vivienda lo que estamos haciendo es aplicar la Ley de Función Social de la Vivienda y la VPO que está radicada en Andalucía tiene que estar a disposición de los andaluces que necesitan una vivienda», subrayó.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, pidió a la Junta que «deje de hacer política de cara a la galería» en un asunto «tan sensible» y que «trabaje conjuntamente con el Gobierno».
El drama de los desahucios en Andalucía se traduce desde que estalló la crisis en que cada día 45 familias pierden su vivienda.
