El Gobierno andaluz ha abierto expediente sancionador a ocho entidades bancarias por no haber inscrito las viviendas de protección oficial que poseen en los registros municipales de demandantes, incumpliendo así lo dispuesto en la Ley de VPO, de 2005, y la de Función Social de la Vivienda (ley antidesahucios). Dicha norma obliga a los bancos a entregar a la Junta un inventario detallado de los pisos que posee en un plazo máximo de tres meses. En esa relación de inmuebles, el departamento de Elena Cortés detectó 185 pisos protegidos que, por ley, tendrían que estar a disposición de los ciudadanos en los mencionados registros públicos. Ocultar esa información se considera una infracción «muy grave» y está sancionado con 60.000 euros por cada vivienda, de modo que el expediente que anunció ayer la Junta contra las ocho entidades financieras asciende a 11,1 millones de euros. El pasado febrero, la consejería ya inició el procedimiento para multar con 109,44 millones a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), en este caso por dos incumplimientos: no presentar el inventario de sus VPO (911) y no incluirlas en los registros.
La ley antidesahucios está paralizada en los tribunales por un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central, pero esta parte de la norma (la que obliga a los bancos a informar de las VPO que han adquirido vía embargos, desahucios o devoluciones hipotecarias e inscribirlos en los registros de demandantes) no se ve afectada por el recurso y «está plenamente vigente», informó Cortés, en comisión parlamentaria.
Entre las entidades a las que se le ha abierto un expediente se encuentra el Banco de Santander, que el pasado mes de enero concedió a la Junta un crédito de 500 millones de euros para hacer frente a la falta de liquidez de la administración andaluza. También aparecen dos sociedades de activos Servihabitat y Building Center participadas por el grupo La Caixa, con el que la presidenta Susana Díaz también firmó el mes pasado un convenio sobre una línea de financiación para pymes por valor de 2.000 millones. Díaz recordó ayer que la ley fue «aprobada por el Parlamento en un punto que no fue recurrido por el Gobierno», y por tanto es «de obligado cumplimiento» para todos los bancos. Desde IU, socio de Gobierno y titular de la cartera de Vivienda, se criticó duramente las condiciones que Emilio Botín, presidente del Santander, impuso a la Junta para ofrecerle margen de endeudamiento. Se trataba de un anticipo por las transferencias de financiación que el Estado tenía pendiente con Andalucía, hasta que el Gobierno abonase dichos recursos. La Junta tendrá que devolver ese dinero en un año a un tipo de interés en torno al 3 o el 4 por ciento, según calculo de Hacienda. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, felicitó ayer a su compañera Elena Cortés por la medida, y aseguró que «si el Gobierno se hubiera olido las sanciones a los bancos, también habría recurrido esa parte de la ley».
El PP ha reprochado a Díaz que «con una mano pida dinero a los bancos y con la otra amague con multarles», como reflejo de la «doble personalidad» que coexiste en el Consejo de Gobierno entre PSOE e IU. El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, criticó el «exceso de legislación» de la Junta en expedientes sancionadores.
Multas. El resto de entidades afectadas por las futuras sanciones son el Banco Popular (97 viviendas protegidas no ofrecidas a los registros), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Santander (11), Servihabitat (6), Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2). El número total de pisos protegidos que no están en los registros asciende a 185, aunque desde la consejería apuntan que la bolsa de activos inmobiliarios de estas características «es mucho mayor» y los bancos las están vendiendo contraviniendo la ley. Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva.
Según la ley antidesahucios, no registrar un piso protegido (construido con dinero público) «supone una infracción muy grave de la Ley de VPO y conlleva sanciones económicas de entre 30.000 y 120.000 euros». Cada uno de los expedientes a estas ocho entidades suponen multas de 60.000 euros. La sanción más dura la asumiría el Banco Popular (5,8 millones), seguido del BBVA (1,6 millones), Building Center (1,5 millones), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros), Santander (660.000 euros), Servihabitat (360.000 euros), Sabadell (180.000 euros) y Anida (120.000 euros).
La ley «establece la obligatoriedad de las entidades financieras de comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda un inventario de sus viviendas protegidas en Andalucía». A día de hoy, una veintena de bancos han colaborado en este inventario, según fuentes del departamento que dirige Elena Cortés.
La apertura de estos expedientes sancionadores tiene un precedente en el procedimiento abierto contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que podría ser multada con 109,44 millones de euros por el incumplimiento sobre 911 viviendas protegidas en la comunidad. El llamado banco malo incumplió dos preceptos de la ley: no ofreció el inventario de VPO en el plazo estipulado y no incluyó estos pisos en los registros. Sobre el primer punto, la Sareb presentó alegaciones que la Junta desestimó. Sobre el segundo punto, no recurrió. Las sanciones administrativas tardan un año desde la apertura de expediente, según la ley.
El recurso del Gobierno ante el Constitucional paralizó sólo algunos aspectos de la ley antidesahucios, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social.
