La Junta abre la escolarización con un tope legal a la elección de colegio

Un fallo del TSJA y un informe de la OCDE fulminan el debate de la “plena libertad de elección de escuela”, que puede "estimular la segregación de alumnos y desigualdades".

el 26 feb 2012 / 20:06 h.

Una madre acompaña a su hija de la mano al colegio, en el centro de Sevilla. / javier díaz

La Junta abre esta semana el proceso para solicitar plaza escolar, que durará todo el mes de marzo, y al que concurren cientos de familias con hijos de 3 años que acceden por primera vez al sistema educativo. La escolarización en Andalucía, y singularmente en Sevilla, lleva aparejado desde hace años un tenso debate entre dos posturas, en apariencia, complementarias: el derecho a la educación y la libertad de estudiar en el centro elegido. El primero viene recogido en la Constitución, el segundo pareciera que se desprende del anterior. Pero no es tan fácil. Este segundo derecho no consta como tal en la Carta Magna, pero sí en el programa político del PP. Los socialistas sostienen que sólo es un subterfugio para camuflar el "derecho a estudiar en un colegio católico sostenido con fondos públicos". En Andalucía se escolarizan cada año en torno a 100.000 niños. Nueve de cada 10 accede a la escuela elegida en primera instancia. El restante 10% -que suponen cientos de familias- no logra plaza en el colegio que ha solicitado (normalmente un concertado), debido al exceso de demanda y al límite de plazas. Esto lleva a muchos padres a acudir a los tribunales, logrando, en muchísimas ocasiones, que su hijo acceda a su escuela por mandato judicial.

Este año hay dos elementos novedosos que condicionarán inevitablemente este debate (más ideológico que educativo): uno es la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que respalda el decreto de escolarización, la norma que rige el reparto de plazas en la comunidad autónoma. La patronal concertada Federación Educación y Gestión de Andalucía, que representa a cientos de escuelas católicas en la región, había recurrido la norma por considerarla contraria "al derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en el centro educativo elegido de manera prioritaria". Como ese derecho, como tal, no viene recogido en la legislación educativa vigente, la patronal alegó la vulneración del artículo 27 de la Constitución, que contempla que "los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones".

El TSJA desestimó su petición. La sentencia concluye que "la dimensión constitucional del derecho a la libre elección de centro docente se agota" en el mismo hecho de elegir las preferencias en la solicitud de admisión, es decir, que "lo que se garantiza constitucionalmente es la posibilidad de elección de colegio y no el acceso efectivo". Esta sentencia desmonta el argumentario del PP, que incluso se negó a firmar el Pacto de Estado por la Educación porque no recogía el derecho de elección como un derecho de consecución, con independencia de la ley de oferta y la demanda de plazas.

La libertad para elegir colegio depende de la planificación escolar en cada comunidad, y en la medida de lo posible, debe responder a la demanda social y familiar. En esa planificación, sin embargo, entran en juego otros factores de índole ideológica. El Gobierno andaluz mantiene desde hace 30 años la red de escuelas públicas al 80% y la oferta de centros privados concertados al 20% (Sevilla capital es la excepción). En regiones gobernadas por los conservadores (PP, PNV y CiU), el equilibrio es del 50-50. La propuesta del PP en materia de escolarización consiste en garantizar por ley que, siempre que haya demanda en centros concertados, la administración estará obligada a subvencionar más plazas. El PSOE es contrario a esta tesis porque cree que la equidad y la cohesión social se ven dañadas en las zonas donde abunda la escuela privada.

El segundo elemento que condiciona este año la escolarización es un informe de la OCDE, de reciente publicación, que compara la desigualdades de los sistemas escolares en más de 50 países. El estudio Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja concluye que es necesario administrar la elección de centro para evitar la segregación: "Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos".

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