María Jesús Montero, consejera de Hacienda.
El Gobierno andaluz se comprometió este miércoles a reponer las dos pagas extraordinarias de 2014 a los funcionarios, congeladas desde hace tres años, a costa de un dinero que de momento no tiene. Ese compromiso de la Junta depende de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acepte la petición que ayer formuló la consejería de Hacienda, a saber, que el Estado ceda a las comunidades autónomas el nuevo margen de déficit para 2013 que por la mañana aprobó, por sorpresa, el Consejo de Ministros, y que es tres décimas inferior al previsto. Con esas tres décimas menos de presión fiscal unos 3.120 millones de euros, que para Andalucía se traducirían en 420 millones de más, el departamento de María Jesús Montero repondría las dos pagas extraordinarias de verano y diciembre de 2014 a los empleados públicos, y aún le sobraría para introducir nuevas medidas de estímulo económico, apuntaron fuentes de Hacienda.
El sindicato de funcionarios CSIF lo celebró de inmediato, y emitió un comunicado dando por hecho la reposición de los complementos salariales. Sin embargo, es poco probable que el Ejecutivo central ceda ese margen de déficit a las comunidades ya se negó a hacerlo hace un año cuando Bruselas flexibilizó la presión sobre España. Por ahora, el anuncio de Montero hace que la presión de los 260.000 empleados públicos andaluces por recuperar sus beneficios salariales en 2014 recaiga en el Gobierno del PP.
El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el plan de estabilidad financiera para 2014, en el que apareció un dato nuevo del que «no se había informado a las comunidades autónomas» y que sorprendió a la Junta de Andalucía. El límite en el déficit (diferencia entre lo que el país ingresa y lo que gasta) que Bruselas había autorizado a España para este año (5,8 por ciento del PIB) aparecía en el documento con tres décimas menos de lo establecido. El Gobierno de Mariano Rajoy lo ha rebajado hasta el 5,5 por ciento, lo cual, en palabras de Montero, significa que «España se ha autoimpuesto un margen de gasto público más duro que el que le concedió la Comisión Europea». Esas tres décimas del déficit impusesto a España suponen 3.120 millones de euros que el Ejecutivo central se compromete a ahorrar a lo largo del presente ejercicio. El Gobierno de Susana Díaz reaccionó de inmediato, reclamando a Rajoy que en lugar de ceder ese margen de tres décimas a Bruselas, se lo ceda a las comunidades autónomas. A Andalucía, según cálculos de la Consejería de Hacienda, le corresponderían entre 420 y 450 millones de euros, al pasar el objetivo de déficit del 1 al 1,3 por ciento.
El salario de los empleados públicos depende del Gobierno central, que lo tiene congelado desde que arrancó la legislatura. Pero la Junta es responsable de los complementos autonómicos, una parte de la paga extra de verano y diciembre, que también eliminó en 2012 como parte del plan de reequilibrio económico-financiero para Andalucía. Se anunció como medida «excepcional y temporal» que estaría vigente únicamente en 2012 y 2013. Pero ante el objetivo de un déficit más exigente para 2014 (1% del PIB), la Junta volvió a editar el mismo recorte en los últimos presupuestos autonómicos, recordando que el plan de ajuste ya contemplaba que los salarios públicos se repondrían «siempre que los ingresos de la comunidad recobren una senda de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda pública posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la comunidad».
Montero cree que si el Gobierno comunica a Bruselas que puede ir más rápido, Europa «aceptará esa renuncia del Gobierno». Esta decisión «unilateral, inmoral e indignante» sólo puede entenderse si hay algún ministro haciendo méritos entre sus colegas para ser presidente del Eurogrupo», dijo la consejera, en referencia velada a Luis de Guindos, de quien se dice aspira a presidir la Eurocámara.
