R. Velis
La Junta de Andalucía acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le condena a pagar 140.000 euros de indemnización a Carmen Espejo por la retirada irregular de sus hijas, que le obligó a estar separadas de ellas durante seis años.
Así lo confirmaban ayer fuentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que aclararon que aceptarán la decisión judicial al igual que ya hicieron con las sentencias anteriores de la Audiencia Provincial de Sevilla en las que se revocó el desamparo de ambas menores. No obstante, precisaron que la posibilidad de recurso al Tribunal Supremo es nula porque la cuantía no supera los 150.000 euros, requisito que establece la ley.
Sin embargo, el letrado de Carmen, Enrique Carrasquilla, insistió ayer en que la sentencia se puede recurrir pues la cuantía que ellos reclamaban era de 1,8 millones de euros. El abogado recalcó que la indemnización es "miserable" y "no hace justicia". De hecho, es muy probable que no solicite la ejecución provisional porque "no nos interesa el dinero, sino que se repare el daño", de ahí que prefiera esperar a la resolución del Supremo antes que cobrar los 140.000 euros.
Sobre el caso también se pronunció ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Manuel Pérez Yruela, quien en la rueda de prensa para informar sobre el Consejo de Gobierno quiso dejar claro que "la mayor preocupación para la Junta es prevenir lo más posible y con la mayor capacidad posible que los menores puedan estar en situación de riesgo". Además, recordó que las medidas que se toman están "motivadas suficientemente por informes que podían dar suficientes argumentos para tomar una decisión", sin embargo, "las situaciones cambian".
Las hijas de Carmen fueron declaradas en desamparo en abril de 2000. Las hermanas, afectadas por una enfermedad genética, fueron separadas y no volvieron a reunirse con su madre hasta 2007. Ahora el TSJA condena a la Junta a pagar 40.000 euros a la madre y a cada una de sus dos hijas y 20.000 euros a la abuela materna.
