Los servicios jurídicos de la Junta han admitido una posible responsabilidad patrimonial derivada de la muerte de un niño de cuatro años en un colegio de Sevilla Este en 2006 tras quedar atrapado en la papelera del patio de recreo. Las medidas de control en el centro educativo podrían no haber sido "suficientes".
Así lo detalla un informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Educación, que considera que el hecho de que el niño se subiese a la papelera y quedase atrapado, sin que se percatasen los profesores, "puede ser revelador de que las medidas de control y atención no eran suficientes o no eran desarrolladas de manera conveniente", según el documento, al que ha tenido acceso Efe.
El accidente ocurrió al mediodía del 25 de abril de 2006, cuando el menor -L.S.R., de cuatro años- se quedó colgado en una de las papeleras en su colegio, el Jacarandá, en Sevilla Este. Fue ingresado en la UCI del Virgen del Rocío y falleció al día siguiente por parada cardíaca por asfixia, unos hechos por los que sus padres han reclamado a la Junta un millón de euros de indemnización.
Tras el archivo del caso en la vía penal, el abogado Félix Muñoz Pedrosa, en nombre de los padres, ha presentado una reclamación civil por un presunto mal funcionamiento del servicio público y por la llamada culpa in vigilando, puesto que el niño falleció en un recreo que debía estar vigilado de manera adecuada.
La resolución recoge que ese día había en el patio 242 alumnos y 18 profesores. Esto hace una media de un profesor por cada 13 niños, lo que cumple con la relación de un adulto por cada 25 menores que prevé la normativa sobre la materia.
No obstante, el documento aprecia que se produjo "cierta disfuncionalidad", pues el niño quedó atrapado durante tres o cuatro minutos "sin que tal circunstancia fuese advertida por ningún profesor presente en el patio", ya que fueron otros menores quienes dieron la alarma.
El informe concluye que faltó una "efectiva vigilancia" que es "casi equiparable a la ausencia de profesor", por lo que considera que el personal presente "no desplegó toda la diligencia necesaria para prevenir el daño si consideramos que se trataba de una situación lo suficientemente duradera, perceptible y comprometida como para haber podido siquiera intentar impedir el fatal desenlace".
Los servicios jurídicos consideran que pudo haber un mal funcionamiento del servicio público, aunque la resolución apunta la posibilidad de que Educación reclame a su vez a los profesores que se consideren responsables de la falta de vigilancia.
