La consejera Aguilera acometerá la regularización de los asentamientos agrarios y les pondrá fin.La Junta de Andalucía pondrá a la venta casi 15.000 hectáreas de explotaciones agrícolas adscritas al Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y a los colonos que actualmente cultivan la mayoría de esas tierras les ofrecerá hipotecas, sin mediar entidad financiera alguna y en condiciones ventajosas, para que accedan a la propiedad de las mismas y con el compromiso personal de no venderlas en las próximas dos décadas para así evitar la especulación sobre el terreno.

Esta enajenación de las fincas públicas del IARA -organismo de la Consejería de Agricultura que las gestiona- está contemplada en el decreto ley que aprobará el Gobierno regional en breve para reestructurar el sector empresarial vinculado a la Administración autonómica, y cuya finalidad es ahorrar. Se imprimirá así inmediatez a un proceso de venta y de regularización de los colonos sobre el que llevaba trabajando un año el departamento dirigido por Clara Aguilera. Pero, ¿cómo son las tierras?

En primer lugar, 5.320 hectáreas agrarias (repartidas entre 13 fincas) y 24 de suelo urbano ahora cultivadas por la Consejería a través de su empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP). Sin estar adjudicadas a ningún colono, se sacarán al mercado. Y las que no se vendan, pasarán al patrimonio público andaluz, según explicó a este diario la consejera Aguilera. No es misión de la Junta ser agricultora, esto es, seguir explotándolas, indica.

Quienes sí las compren se llevarán consigo los derechos de ayudas europeas que estas tierras tienen asignadas por Bruselas. De hecho, cabe recordar que la Administración regional es uno de los grandes perceptores de estas subvenciones gracias a esas explotaciones, dineros que entran en el erario público.

En segundo lugar, 547 colonos poseen otras 5.350 hectáreas, a las que se añaden 531 concesionarios de viviendas y huertos. En estos momentos, están pagando cuotas para acceder a su propiedad, mas el decreto ley prevé acelerar esta adjudicación al ofrecerles, precisa la consejera, bonificaciones en los gastos de notaría para que amorticen completamente el importe aún adeudado.

En tercer lugar se encuentran los colonos que no han accedido a la propiedad del terreno. Aquí se da cabida a tres colectivos. El primero, aquéllos con concesión vigente, que suman 1.832 hectáreas. El segundo, quienes no tienen la concesión vigente y se encuentran, pues, "en una situación de ilegalidad o provisionalidad", y que producen sobre 2.386 hectáreas.

Y, por último, los adjudicatarios de cultivos provisionales (es decir, siembran y cosechan sin que medie una concesión a largo plazo), que despliegan su labor en 2.283 hectáreas. A todos ellos, la Consejería pedirá que adquieran las fincas.

No obstante, debido a la crisis económica y el cierre del grifo del crédito por parte de las entidades financieras, "nosotros vamos a constituir las hipotecas para que ni siquiera [los colonos] tengan que ir a los bancos, e irán pagando según cada contrato estipule, con la tranquilidad de que podrán acceder a la tierra de una forma fácil".

Es más, precisa Clara Aguilera, podrán disfrutar de una rebaja del precio de hasta el 65% en función de tres criterios: antigüedad como concesionario de la explotación -los hay que llevan dos décadas-, la generación de empleo y el esfuerzo inversor emprendido para modernizar la finca. "Eso demuestra que la Junta no tiene un afán recaudatorio, porque no estamos hablando de que las tierras se las quede el mejor postor", matiza.

Una cuarta y última situación. ¿Qué ocurrirá con los colonos que no quieran adquirir la fincas que trabajan? La consejera es tajante en la respuesta que da: "Serán desalojados, aunque pagándoles una indemnización por la mejora en la explotación agrícola realizada hasta la fecha, y en ese caso las explotaciones pasarían al patrimonio de la Junta de Andalucía y saldrían a la venta".

La consejera insiste en que se amarrará muy bien la legislación para no dar margen a las prácticas especulativas. Por lo pronto, tendrán que pasar 25 años para que el colono que compre pueda vender la explotación. "Que nadie piense que va a adquirir la tierra estupenda del IARA a precio barato para después dar el pelotazo. Nuestro objetivo es que la propiedad pase al agricultor, que por voluntad propia acceda a la propiedad y que siga produciendo y creando empleo".

Por el sondeo realizado, concluye, existe "interés y voluntad" de los colonos por el proceso. Al fin y al cabo, "lo demandaban".

Más de 1.100 colonos repartidos por todas las provincias andaluzas

Las 5.320 hectáreas del IARA que no están ocupadas por colonos, aunque la empresa pública DAP las cultiva, están repartidas por Cádiz (955 hectáreas), Córdoba (1.422), Granada (1.206), Huelva (1.088), Jaén (196), y Sevilla (454).

A estas tierras agrarias, que se venderán inmediatamente, se suman 24 hectáreas urbanas en la provincia almeriense.

En cuanto a los terrenos sí ocupados por colonos, 5.350 hectáreas en total, corresponden a 583 concesionarios, distribuidos entre Sevilla (183 con 1.990 hectáreas), Huelva (105 y 997 hectáreas), Jaén (76 y 196 hectáreas), Cádiz (73 y 1.330 hectáreas), Málaga (46 y 389 hectáreas), Córdoba (23 y 311 hectáreas), Granada (23 y 97 hectáreas), y Almería (18 y 39 hectáreas).

Hay que añadir 531 concesionarios de huertos, solares y artesanías, la mayoría en Cádiz (356). Otros 82 cultivadores con 2.283 hectáreas son adjudicatarios provisionales.

Los asentamientos desaparecen y la Ley de Reforma Agraria se derogará

Con el decreto ley por el que se reestructurará el sector empresarial andaluz, la Consejería de Agricultura y Pesca dará por extinguido el IARA, el organismo de referencia de la Ley de Reforma Agraria vigente desde principios de los pasados ochenta.

Esa supresión pondrá el punto y final a los asentamientos de colonos que propició una polémica legislación cuya bandera era el hambre de tierras y la expropiación a los terratenientes.

La Consejería, además, derogará la Ley de Reforma Agraria mediante un proyecto de ley, y no mediante ese decreto ley, "para que así pueda debatirse en el Parlamento andaluz", según Clara Aguilera.

De hecho, argumenta, "afortunadamente el campo andaluz no es el de hace treinta años". Algunas de las medidas contenidas en la reforma agraria "ya ni tienen sentido ni se usan", entre ellas los impuestos a tierras infrautilizadas.