La Junta acusa al jefe de la Guardia Civil de hacer “la guerra política”

el 22 mar 2013 / 22:09 h.

Fuera de los juzgados, las acusaciones en torno a la responsabilidad política sobre el fraude de los ERE han recuperado el pitido agudo de la crispación que precedió a las elecciones autonómicas. El estado de nerviosismo es tal, que el consejero de Justicia, Emilio de Llera, acusó ayer al director de la Guardia Civil de “estar actuando como un miembro del PP y no como un representante de las fuerzas de seguridad” y de “hacer la guerra política contra el PSOE para desestabilizar al Gobierno andaluz”. Los populares, por su parte, han empezado a sugerir públicamente que el dinero de los ERE sirvió para financiar ilegalmente al PSOE-A. El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, dejó caer ayer que algunos de los detenidos esta semana vinculados a la trama de ayudas ilegales pudo haber “recibido órdenes en despachos” del PSOE y se preguntó si “esta organización criminal ha servido para ganar elecciones en algún municipio de Sevilla o en algún otro pueblo de Andalucía”. El titular de Justicia está “satisfecho” con el giro que ha dado esta semana la investigación del caso ERE, y cree que las últimas pesquisas de la jueza Alaya ratifican lo que siempre ha defendido la Junta, a saber, que “no existía un fondo de reptiles, sino unos cuantos reptiles”. “Por fin la Guardia Civil se está centrando en la búsqueda de los comisionistas, los verdaderos responsables del fraude”, apuntó. Pero De Llera fue muy contundente al valorar las declaraciones que el director de la Guardia Civil hizo el jueves, por considerarlas “un ataque frontal a la Junta”. Hace tres días, el jefe de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, anunció a los medios que aún “están pendientes pasos muy importantes a los que yo no puedo, ni siquiera, hacer alusión a ellos”, en referencia en la operación que arrancó el miércoles y que, por ahora, se ha saldado con 22 detenidos. “Lo que tiene que hacer el director de la Guardia Civil si sabe algo es callarse, porque de lo contrario estaría violando el secreto de sumario. Sus comentarios son impresentables. su deber legal es callarse y no generar una inquietud en la ciudadanía denigrando a un Gobierno con la amenaza de lo que pueda haber”, sentenció De Llera. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, también exigió una “comparecencia inmediata” en el Congreso del director del Instituto Armado, y aseguró que su “indiscreción intolerable compromete la imparcialidad” del grupo que investiga el caso ERE. Si para los socialistas, la operación Heracles aleja la culpa de los despachos de la Junta, para los populares ocurre lo contrario. El secretario general del PP-A aseguró ayer que “hay dudas razonables” sobre la relación entre los detenidos e imputados en esta operación y el PSOE-A, aunque Sanz eludió desvelar nombres ni aclarar a quién se refería en concreto. El número dos del PP-A preguntó públicamente al presidente José Antonio Griñán si algún miembro de esta “organización criminal” ha estado afiliado al PSOE, si alguno ha pertenecido a la Ejecutiva del PSOE de Sevilla, si alguno “ha frecuentado” la sede provincial del partido en Sevilla o la sede regional del PSOE-A en San Vicente, si alguno “ha estado en el despacho del que fue secretario provincial del PSOE de Sevilla, el señor Viera, o posteriormente, en el despacho de la calle Luis Montoto de la actual secretaria provincial del PSOE de Sevilla”, si alguno ha estado en “algún despacho de algún dirigente del PSOE-A”, si alguno ha estado en el “despacho del presidente provincial del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, el señor Rodríguez Villalobos” y, por último, si “esta organización criminal ha servido para ganar elecciones en algún municipio de la provincia de Sevilla o en algún otro municipio de Andalucía”, ya que el “70% de las ayudas han ido a la Sierra Norte” de la provincia hispalense. El PP acusa a Griñán de “esconderse”, mientras dura la investigación de los ERE.

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