No existe tensión entre el Gobierno andaluz y la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Las recriminaciones que la magistrada lanza a la Junta en sus autos, reprochando la falta de colaboración, entorpecimiento de la investigación e incluso sugiriendo que "pudo reconstruir" documentos oficiales forman parte de un desencuentro "jurídico", no político, entre la jueza y el Ejecutivo andaluz, que tienen visiones distintas sobre cómo debe enfocarse este asunto.
Esta es la lectura que hizo ayer la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Presidencia, Mar Moreno, que se queja de que el PP "instrumentaliza" los datos que se hacen públicos sobre la investigación de los ERE fraudulentos. "No tenemos el menor conflicto con el juzgado", añadió Moreno, quien lamentó que "haya una discrepancia de carácter jurídico y se le intente elevar un poco el volumen por cuestiones políticas, para que parezca que no colaboramos".
La consejera estaba respondiendo así al último episodio de este largo y complejo proceso judicial que se ha conocido hace dos días: La Audiencia Provincial de Sevilla acaba de sentenciar que las actas del Consejo de Gobierno de los últimos diez años pueden incorporarse a la instrucción del caso de los ERE, porque "no son secretas", como sostenía la Junta. Esas actas -centenares de folios que describen las reuniones del presidente y los miembros del Ejecutivo- están precintadas y depositadas en los juzgados por decisión expresa de la jueza. Pero Alaya no podrá abrirlas hasta que el Tribunal Supremo resuelva si es competente para hacerlo. La Audiencia acaba de decir que sí lo es, porque lo único "declarado secreto por la ley son las deliberaciones" del Consejo de Gobierno, no las actas que es lo que reclama Alaya. La Junta, a pesar de la última sentencia de la Audiencia de Sevilla, aún sostiene que la magistrada se extralimita e invade competencias del Ejecutivo al exigir acceso a dichas actas. Por eso presentó un recurso contra el auto en el que la jueza le daba un ultimátum para que entregasen las actas, y elevó el caso al tribunal de conflictos de jurisdicción del Supremo, para que determinase si había un conflicto de competencias entre el poder jurídico y el ejecutivo.
El fallo de la Audiencia, dijo ayer Moreno en una entrevista a RNE, "no pone fin a la cuestión". "La última palabra la tiene el Tribunal Supremo. Queremos que se pronuncie para que esto no sea una cosa de Andalucía, para que la decisión que tome sirva a España y de precedente", concluyó.
