Admitido el 80% de las peticiones para evitar desahucios

La normativa, con 39 expropiaciones realizadas, presenta una elevada efectividad gracias a unos requisitos acordes al drama de los desalojos.

el 30 dic 2013 / 12:41 h.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha admitido a trámite el 80  por ciento de las solicitudes presentadas para acogerse a la Ley para  asegurar la Función Social de la Vivienda y evitar el desahucio, lo  que se traduce en 152 peticiones que cumplen con los requisitos  establecidos en la normativa andaluza para realizar la expropiación  temporal del uso de la vivienda. stop desahuciosSegún indica la Junta en una nota, la Ley, en vigor desde el  pasado mes de octubre, demuestra así su elevada efectividad gracias a  unos requisitos y preceptos que ofrecen amparo real a las personas  afectadas por un proceso de desahucio. De este modo, de las 191 solicitudes registradas en la Junta de  Andalucía para acogerse a la Ley de la Función Social de la Vivienda,  un total de 152 reúnen las condiciones necesarias para paralizar el  desalojo, siendo 37 los casos en los que ya se ha iniciado la  expropiación con su publicación en BOJA y dos los culminados con  éxito tras su paso por Consejo de Gobierno. En conjunto son ya 39 las  expropiaciones realizadas, que se distribuyen por provincias. En  concreto, 15 en Málaga, seis en Granada, cinco en Sevilla, tres en  Cádiz, tres en Almería, cinco en Córdoba y dos en Huelva. De forma paralela, las delegaciones territoriales de la Consejería  de Fomento y Vivienda ultiman otros 115 expedientes, en los que están  terminando de acopiar la documentación previo envío a BOJA, mientras  que el resto de casos se siguen atendiendo a través del Programa  Andaluz en Defensa de la Vivienda. Así, a los 152 expedientes iniciados en la comunidad autónoma para  paralizar el desahucio hay que sumar los más de 3.200 desalojos que  ha paralizado dicho programa en su primer año de funcionamiento, con  un servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de  prevención, intermediación y protección. La Ley de la Función Social de la Vivienda, que prevé la  expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades  financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar  el desahucio, establece como requisitos para aplicar esta medida  excepcional que el afectado tenga en el inmueble objeto del  procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la  finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda  generar una situación de exclusión social, acreditada por los  servicios sociales de los ayuntamientos, y que las condiciones  económicas de las personas hayan sufrido un importante menoscabo y  una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones  y circunstancias en las que se concedió el préstamo. El deterioro de las condiciones económicas familiares toma como  referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya  multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los  ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta  iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público  de Rentas de Efectos Múltiples).

  • 1