El Gobierno andaluz no tiene más documentación sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) sospechosos de fraude que la que ya envió a la jueza Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en las ayudas al empleo . Así se lo ha explicado la Junta en un escrito remitido al juzgado en respuesta a la petición que había formulado Alaya hace dos semanas.
En un auto fechado el 17 de mayo, la jueza acusó a la Junta de complicar su trabajo de investigación debido a que "las condiciones en que ha sido enviada al juzgado [la documentación sobre los ERE sospechosos] resulta cuanto menos inaudita, pues además de incompleta carece del menor orden lógico o cronológico, siendo tales expedientes un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos, realmente impropios de cualquier órgano de administración".
Alaya echaba en falta más exhaustividad en "expedientes donde se otorgaban ayudas de cifras millonarias", así que dio cinco días de plazo al Ejecutivo regional para que le reenviase los expedientes completos y ordenados. Sin embargo, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, aclaró ayer que la Junta ha respondido a Alaya que "el 100%" de la documentación que tenía Empleo sobre este asunto ya está en manos de la jueza. No hay más ni mejor detallado.
Moreno dijo compartir el "reproche de la jueza" por el descontrol de los ERE. La consejera interpreta el auto de Alaya como un "juicio crítico hacia la Dirección General de Trabajo", que constituye el epicentro de la investigación sobre el fraude en los ERE. "La Junta comparte que desde luego la Dirección General de Trabajo no ha sido un ejemplo de gestión, si no, no se habría producido el fraude", dijo.
El Gobierno andaluz ha respondido al auto de la jueza en tiempo y forma. La magistrada dio cinco días hábiles a la administración para que le volviera a enviar "copia compulsada de los expedientes de regulación de empleo auténticos debidamente ordenados y tramitados" o bien "que justifique detalladamente las razones" del desorden en los papeles. La Junta no ha querido hacer público el contenido del escrito de respuesta, aunque Moreno dijo que la explicación es que la documentación que se envió al juzgado es "100% la que había en la Dirección General de Empleo".
Mercedes Alaya ha recibido documentación relativa a los 67 ERE y ayudas sociolaborales que Empleo ha gestionado en los últimos diez años y que aún se están pagando. La propia Consejería que dirige Manuel Recio abrió una investigación interna de dichos expedientes y halló 72 intrusos o falsos prejubilados (personas que cobraban del ERE de una empresa en la que nunca trabajaron) y 111 irregularidades administrativas. A pesar de las dificultades, Alaya ordenó a la Policía investigar la vida laboral del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en la bodega jerezana González Byass (donde trabajó) y el criterio para calcular su indemnización como prejubilado.
