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La Junta admite que el dragado requiere «celeridad», pero que depende del Estado

El delegado del Gobierno andaluz lanza la pelota al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, al tener pendiente su pronunciamiento sobre el proyecto en general.

el 27 ene 2014 / 22:48 h.

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dragado-guadalquivirEl dragado es como una patata caliente. Y tiene que quemar mucho, porque ni la Junta ni el Gobierno central quieren meterle el diente. Nadie decide nada y nadie hace nada. Solo la Autoridad Portuaria insiste en que saldrá adelante, mientras Ecologistas en Acción vuelve a denunciar el proyecto ante las autoridades europeas. Ayer, el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Francisco Javier Fernández, reconoció que, tras tantos años, el proyecto de dragado de profundización impulsado por el Puerto para el tramo navegable del río Guadalquivir requiere «celeridad» por parte de las administraciones. Y, a renglón seguido, lanzó la pelota: el siguiente «paso adelante» corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, al tener pendiente su pronunciamiento sobre el «conjunto general»del proyecto, dijo. Fernández aseguró que el Puerto, la Junta y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente «estamos trabajando en ese sentido», señalando que el siguiente «paso» corresponde al propio ministerio. Pero lo cierto es que la Administración autonómica estudia aún el proyecto de protección de márgenes del Guadalquivir remitido por la Autoridad Portuaria, pero no puede emitir una «técnica y administrativa» de esta «parte» del dragado mientras el ministerio no se pronuncie sobre el «conjunto general» de la iniciativa, según Fernández. «Mientras el ministerio no dé ese paso hacia adelante, a nosotros no nos toca aún. Si el ministerio se pronuncia en un plazo razonable, los demás podremos actuar», resumió. El dragado de profundización del río es un proyecto con más de 10 años del Puerto para que acoja la navegación de buques de mayor calado, pero encuentra una firme oposición de los ecologistas y en el sector agrícola del Bajo Guadalquivir, que teme que la subida de la salinidad afecte a los cultivos. Los dragados de mantenimiento están regulados por una declaración de impacto ambiental de 2003, pero el de profundización requiere el sí de la Consejería y del Ministerio. Hasta el Consejo de Participación de Doñana se tiene que pronunciar.

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