La Junta de Andalucía interviene como parte en el juicio del caso Malaya porque, según su abogado, José Manuel Delgado, considera que el Ayuntamiento de Marbella todavía le debe el dinero que invirtió en el municipio y que, supuestamente, se embolsó la trama de corrupción. La Junta quiere cobrar lo que se le debe.
Éste fue el posicionamiento legal que expuso ayer su letrado. "La Junta tiene un interés evidente en que el patrimonio del Ayuntamiento sea restituido como tiene interés en que se liquiden las cuotas por el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), porque es acreedora directa del Consistorio y porque participa de los ingresos que el Estado obtiene por ese IRPF", dijo Delgado. Nada más estallar la operación Malaya, el juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso, había impedido que la Junta se personara como acusación particular, porque reservaba esa figura a las partes directamente perjudicadas.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ya recordó al inicio de las sesiones que la Justicia está reconociendo la "buena actuación" de la Junta en Marbella, toda vez que de las 400 impugnaciones que se llevaron a cabo contra acuerdos del Consistorio, 128 ya cuentan con sentencia firme favorable para la administración autonómica.
Sin embargo, el instructor no lo tuvo tan claro cuando la autonomía quiso personarse como acusación particular, es decir, ejercer como parte perjudicada: no se puede hacer repercutir en los imputados el hecho de que "la Junta no haya podido, sabido o querido ejercer sus competencias en materia de urbanismo dando lugar a la situación actual". Es más, su papel, dijo, "se aproxima conceptualmente al partícipe a título lucrativo". Delgado ya recordó que las dudas sobre la personación de la Junta ya fueron resueltas tanto por el instructor como por la Sección III de la Audiencia Provincial.
Por cierto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, estuvo presente ayer en el juicio para defender "la legalidad del procedimiento", después de que las defensas hayan pasado los primeros días denunciado una catarata de vulneraciones constitucionales.
Versión municipal. Alberto Peláez, representante del Ayuntamiento de Marbella, por su parte, empleó un lenguaje muy técnico durante su intervención ante el tribunal del caso Malaya, pero dejó duras frases contra el equipo de gobierno de Marisol Yagüe: "Ningún concejal cumplió con su obligación de denunciar las irregularidades que se cometían en el Consistorio". Antes, este letrado, que ejerce la acusación particular en nombre del Consistorio de Marbella, rechazó que el instructor hubiera vulnerado las normas de reparto de los juzgados marbellíes, ya que, en su opinión, el asunto debe ir a reparto cuando hay denuncia o querella, pero la notitia críminis -primera información sobre el delito- se produce aquí durante la declaración del funcionario Jorge González, en la que éste puso de relieve "el enorme poder que ejercía Roca sobre el Ayuntamiento".
El abogado negó, por tanto, que el magistrado se atribuyera la causa "porque no se fiaba de sus compañeros". "No existió una intención torticera ni se puede hablar de decisión arbitraria", apostilló.Es más, relató que, antes de "Malaya", diversas causas judiciales ya permitían augurar lo que se les venía encima al ex asesor municipal y concejales: los casos Saqueo I y II, la fiscalización de las cuentas municipales o la causa conocida como Camisetas. No se puede hablar, en cualquier caso, de "cosa juzgada". Javier Ortí, abogado de la Agencia Tributaria, defendió que los delitos fiscales asociados al pelotazo urbanístico conocido como "Crucero Banús" no han prescrito.
El tribunal de Malaya suspendió ayer el juicio durante 20 días, un periodo que usará para resolver las cuestiones previas invocadas por las defensas. El 22 de noviembre se retoma el juicio oral con la declaración de José Antonio Roca, principal acusado.
