33 Una profesional atiende a una anciana dependiente en una unidad de estancia diurna.
El último compromiso adquirido por el Gobierno de la Nación con Bruselas incorpora un recorte adicional de 1.100 millones en la ley de dependencia. Un ahorro que el Ministerio de Sanidad asegura que no es nuevo y que ya fue acordado en 2012 con las comunidades, pero que da un paso más en el desmantelamiento de un sistema de protección para los dependientes que para las administraciones se ha convertido en insostenible. Este último recorte deja en vía muerta una ley que entró en vigor en 2007, y de la que se benefician en Andalucía 183.186 personas (datos a 31 de marzo).
El Gobierno planea, según ha trascendido, elevar un 5% el copago para los dependientes que se instauró en 2012. Sin embargo, solo con esta nueva medida no sale el ahorro de 1.100 que se ha prometido a Bruselas. Ante la falta de información, el Gobierno andaluz no oculta su intranquilidad ni duda en lanzar mensajes alarmantes. Si el Estado se retira de la dependencia, la dependencia no tiene futuro. Así lo dijo ayer la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, que admitió que están realmente preocupados. Montero insistió en que ninguna administración en solitario es capaz de sostener este derecho aunque mostró la disposición de la Junta de intentar sostener estos derechos. Lo hará intentando retrasar la incorporación de nuevos beneficiarios, explicó.
Al comienzo, la dependencia era una ley sufragada al 50% por el Estado y las comunidades autónomas. 2012 cambió ese reparto. El Gobierno de Rajoy ha aprobado sucesivamente recortes como el copago, el retraso a 2015 de la incorporación de los dependientes moderados, ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por los cuidadores y ha restado fondos presupuestarios al sistema. En total, según la Junta, Andalucía ha perdido algo más de 200 millones de euros. En 2012 el Gobierno recortó 89 millones de euros. En 2013, 115 millones. En total, 214 millones que han dejado de llegar en dos años. Sobre el impacto que este último recorte tendrá en Andalucía, la Junta admite que aún es pronto para tener datos, puesto que oficialmente no se ha explicado de dónde saldrán esos 1.100 millones de euros. El número de dependientes atendidos en Andalucía equivalen al 25% de los beneficiarios del país.
En el decreto-ley contra la exclusión social aprobado el pasado martes, el Gobierno andaluz contempla 20 millones de euros para paliar la destrucción de empleo que calcula que acarrearán los recortes en la ley y, sobre todo, el retraso a 2015 en la incorporación de los dependientes moderados (unos 40.000 en Andalucía) a la norma. Según la Junta, este dinero amortiguará la destrucción de unos 2.000 empleos, aunque un número similar sí se perderá.
Respecto al impacto del copago, la Junta estima que para un anciano dependiente que ingrese unos 619 euros al mes, si abonaba 464 euros de residencia, ahora deberá abonar 517 euros. En este sentido, desde la Junta señalan que subir el copago para la inmensa mayoría de los dependientes, ya en una delicada situación económica, es inasumible.
La consejera de Salud habló ayer de un desmantelamiento encubierto de la Ley de Dependencia, de manera que en vez de valientemente defenderlo en el Congreso se lleva por la asfixia de las comunidades. Montero admitió que esto obliga a un esfuerzo ímprobo no solo a la Junta, sino también a los ayuntamientos y las diputaciones, que sufren directamente los impagos de la administración autonómica para la atención a la dependencia. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, insistió en que tras el último recorte anunciado, la dependencia sería inviable y solicitó explicaciones inmediatas al Gobierno. Es la condena a muerte de esa política, sostuvo.
Pero, aunque la Junta defienda que hace todo lo posible y que está asfixiada por los recortes del Gobierno de la Nación, son muchas las voces que apuntan también a la colaboración del Ejecutivo andaluz en la defunción de la dependencia. Hay retrasos continuos en los pagos por problemas de Tesorería y el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, colgó la pasada semana en su web un informe en la que urgía al Gobierno andaluz a una serie de actuaciones para salvar la norma. Alertó de numerosas quejas y denuncias por el deterioro de la ley y denunció que desde hace seis meses ninguna persona reconocida como dependiente se ha incorporado al sistema, mientras que, por defunciones, sigue decreciendo los beneficiarios. Además, el Defensor advirtió de revisiones de oficio encaminadas a aminorar el gasto en dependencia.
El PP andaluz acusó ayer a la Junta de demagogia y aseguró que si el Gobierno recorta uno, la Junta diez. El portavoz popular, Carlos Rojas, insistió en que si el Gobierno andaluz dejará de mantener una administración mastodóntica podría atender la sanidad pública de manera viable y eficiente. H
