Gobierno andaluz ha advertido de que los "vaivenes" de "algunos alcaldes" con la Ley del botellón causa "confusión". Esta norma, aprobada por el Parlamento andaluz en octubre de 2006, obliga a los ayuntamientos a establecer zonas donde consumir alcohol y les da potestad para sancionar por beber en otros espacios.
Fue el viernes la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, quien lanzó la advertencia. Aguilera criticó que los "vaivenes" de "algunos alcaldes" a la hora de aplicar la Ley autonómica 7/2006 -conocida popularmente como Ley del botellón-, están generando cierta "confusión" en la sociedad, por lo que recordó que siempre debe "prevalecer" el derecho de los ciudadanos al descanso e insistió en que los alcaldes son los responsables de "salvaguardar" ese derecho con la aplicación del texto legislativo.
Aguilera, que hizo estas declaraciones tras clausurar un curso de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, recordó que la aplicación de la ley sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los municipios andaluces es "competencia municipal", hablando de la citada normativa autonómica como una ley "de colaboración municipal".
La responsable de Gobernación aseguró que gracias a esta norma, los alcaldes gozan de un marco normativo "magnífico" para combatir el fenómeno del botellón y conciliar los derechos de descanso y diversión, si bien dejó claro que siempre debe "prevalecer" el derecho de los ciudadanos a descansar".
Aguilera consideró en este punto que los "vaivenes" de "algunos alcaldes" en lo que al tratamiento y aplicación de la normativa se refiere ha ocasionado cierta "confusión" en la sociedad andaluza, situación ante la que quiso dejar "bien claro" que la aplicación de esta ley es "una competencia municipal y tienen que aplicarla".
Apoyada sólo por el PSOE. . La Ley del botellón fue aprobada por el Parlamento andaluz el 11 de octubre de 2006 con los únicos votos del PSOE, con mayoría absoluta en la Cámara. El PP se abstuvo mientras que IU y el PA se opusieron a la norma. La norma permite a los consistorios habilitar zonas para beber alcohol, los policías locales podrán intervenir las bebidas del botellón y clausurar temporalmente establecimientos.
